CONCORDANCIA DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, CON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HÚMANOS.

07.10.2013 10:39

Al sentarme a escribir en el presente artículo, como encargo dentro de la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Autónoma de Durango,  Campus, Zacatecas; la encomienda es llevar a cabo un análisis, respecto de la visión que se tiene acerca de los derechos humanos contemporáneos, por lo que dado el trabajo que desempeño y la perspectiva como Agente del Ministerio Público en esta Entidad Federativa, es que decidí echarle un vistazo a la aplicación de los Instrumentos Internacionales dentro de la Ley Procesal para el Estado de Zacatecas, misma que entrara en vigor el día cinco de enero del dos mil nueve, fecha en la cual se viene aplicando para todo el Distrito Judicial de la Capital, y misma que ira entrando en vigor en los diversos Distritos Judiciales de nuestro Estado, hasta que finalmente se cumpla el encargo establecido en las reformas que sufriera nuestra Constitución Política en Junio del dos mil ocho, transitando así a un sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio.

         Es evidente que para la elaboración de las leyes, se ha recurrido a fuentes provenientes de derecho internacional sobre derechos humanos, contenidos en tratados sobre la materia, la doctrina universal desarrollada a partir de ellos, las llamadas observaciones generales y reglas creadas por expertos internacionales, así como la jurisprudencia emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las naciones unidas, el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana principalmente.

         Respecto a los ordenamientos aludidos se reconocen todos aquellos derechos fundamentales contemplados en diversos instrumentos internacionales, así como los términos reconocidos por la jurisprudencia universal e interamericana sobre la materia; incluso, se puede advertir que en ocasiones la Ley Procesal Zacatecana, recoje derechos que no se encuentran previstos en la Ley Primaria de la Nación, o bien, propone se amplíen los derechos en ella establecidos, lo cual se encuentra permitido, tomando en consideración que las garantías individuales establecidas en la carta fundamental constituyen la plataforma mínima y que existen criterios de nuestros tribunales federales que permiten dicha ampliación, y que en caso de darse, deberá estarse dispuesto en el tratado internacional, o bien la norma secundaria.

         Por lo tanto, a instauración del nuevo proceso penal, se busca como premisa principal, garantizar justicia, esto es, procesos verdaderamente “justos y equitativos”, tal como lo exige el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que ello sea posible el proceso debe ser debido.

         En el tenor que antecede, Mauricio Dulce y Cristian Riego, al referirse a un proceso penal como debido o justo, explican que el proceso será debido cuando cumpla con “ciertos parámetros o estándares mínimos que debe cumplir cualquier proceso penal  en un Estado de Derecho, para asegurar que la discusión y aplicación de sanciones (penales en este caso), se hayan realizado en un entorno de razonabilidad y justicia para las personas que intervienen en su desarrollo”.

         Esos parámetros, estándares o requisitos mínimos (llamados por nuestra Carta Magna en su artículo 14 como “formalidades esenciales”, permiten calificar a un proceso como debido o justo y son precisamente los que se estipulan en los artículos 17 y 20, apartado A, de la Constitución Federal, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como aquellos que la jurisprudencia internacional de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos (primordialmente el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ha sido considerada también como requisitos o garantías del debido proceso penal.

        

         Se reconoce el avance e innovación que significa la nueva legislación procesal, al establecerse en los principios y directrices que garantizan el debido proceso contemplados en diversos instrumentos de derechos humanos, a saber, la presunción de inocencia, la igualdad procesal entre las partes (acusación y defensa), la contradicción, la concentración, la continuidad, la inmediación, la publicidad, el derecho a defensa del imputado, todo ello, garantizado a través del principio de oralidad.

         La importancia del principio de igualdad procesal se consagra en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, misma que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial…para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, Asimismo, el primer párrafo del artículo 14 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) menciona que: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. Tan vital es este principio, que se reafirma en la parte introductoria del párrafo tercero del citado pacto, en el cual como se tiene dicho  se enumeran las garantías del debido proceso penal : “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…”. Otra alusión se encuentra en el apartado de éste mismo párrafo, relativo a las pruebas, que consiste en el derecho de la defensa a “obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. Por su parte, la Convención Americana reconoce la importancia de este principio para el justo proceso penal en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…”, estas referencias son, desde luego adicionales a las disposiciones que reconocen la igualdad de la persona humana como principio general de los derechos humanos.

         Estrechamente relacionado con el principio de igualdad entre las partes, se encuentra el principio de contradicción, es decir, el debate que debe entablarse entre las partes, en audiencia pública y en presencia del Juez o Tribunal para acreditar su dicho. En la fracción III del artículo 20 de nuestro máximo código de la nación, se establece que al inculpado se “le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia el nombre de su acusador, la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye. Este derecho se preceptúa en términos similares en el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (artículo 9.2.) y en la Convención Americana (artículo 7.4) en los que se establece que “toda persona detenida o retenida debe ser…notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.

         En ese mismo tenor, los numerales 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana, disponen respectivamente, que “el imputado tiene derecho a que le comunique previamente de manera detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada en contra de él”, la jurisprudencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos establece que “la acusación fiscal debe ser sumamente precisa y clara al establecer los hechos que en forma concreta se atribuyen al acusado”.

         En el diseño de este novedoso proceso penal, claramente se establece un sistema de audiencias públicas, las cuales, se desahogaran en presencia del Juez o Tribunal. Al respecto, el artículo 8 de la Convención Americana, menciona, el derecho de ser oído por un Tribunal con las debidas garantías y, en el párrafo 5 dispone que: “el proceso penal deberá ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. El principio de inmediación en juicio, también se encuentra previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana como garantía del Juicio, pues ambos exigen que el imputado sea “oído por un tribunal”, en la sustentación de la acusación enderezada en su contra.

         La publicidad del proceso asegura la transparencia, el acceso ciudadano y el escrutinio, tanto externo como interno, de la actividad judicial y del resto de los intervinientes en el proceso penal. Conforme a ella, la formulación de hipótesis y determinación de la responsabilidad penal tienen que producirse de manera transparente, sin secretos o elementos que puedan generar desconfianza tanto al público en general, como al imputado en particular, este principio también se encuentra consagrado tanto en el artículo 14 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS que incluso establece que, en todo caso, la sentencia debe ser pública, como lo indica el artículo 8, párrafo 5 de la Convención Americana.

Lic, Gloria Isabel Esparza Román

Primer Semestre de la maestría de Amparo de la

Universidad Autónoma de Durango, Campus, Zacatecas;

23 de Septiembre del  2013