DESECHAMIENTO DEL AMPARO VS PARTICULARES POR EL PRINCIPIO DE FUNCIONES NO DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL

26.10.2013 09:38

 

Actualmente se ha afirmado que hoy los individuos nos  encuéntranos expuestos a fuego doble: el del Estado y el de particulares. La doctrina sustenta que la afectación de derechos fundamentales por parte de particulares es atribuible, en última instancia, al Estado, por no haber prevenido adecuadamente esa posibilidad. Por ende, la defensa de los derechos ante otros particulares es también una forma de defensa ante el Estado por su imprevisión o su incapacidad para evitar el daño. Desgraciadamente y para nosotros la aplicación del amparo contra particulares no es de aplicación directa tal como lo establece la SCJN:

 

 

AMPARO IMPROCEDENTE (CONTROVERSIAS ENTRE PARTICULARES).

 

Si los conceptos de violación se enderezan exclusivamente a sostener la existencia de ciertos derechos provenientes de pactos contractuales entre particulares, su desconocimiento por una de las partes, no es un acto decisivo, ni da lugar a ejercitar, en forma directa, el juicio de amparo, sin que previamente se decida en controversia ante las autoridades competentes, sobre dichos derechos.

 

(No. Registro: 321,865. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo:LXXXIX. Tesis: Página: 3156. Amparo administrativo en revisión 5892/46.Camioneros de Celestún, S. C. L. 26 de septiembre de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente).

 

Se habla de una eficacia horizontal indirecta de los derechos fundamentales frente a los particulares. Esta se genera cuando el agraviado por el acto de un particular, atentatorio de derechos constitucionales, demanda  a éste, en la vía ordinaria correspondiente, conforme a las causales de ilegalidad o nulidad referentes de la ley de la materia, invocando como sustento, paralelamente, el derecho fundamental que estima lesionado. El juez u órgano del conocimiento, como poder público, está sometido a la Constitución, por lo que debe apegar toda su actuación (aplicación e interpretación de la ley aplicable) a la norma suprema, de tal manera que su decisión final no produzca un resultado inconstitucional, contrario al derecho fundamental en juego. En contra de la sentencia o decisión última del juez u órgano ordinario del conocimiento procederá, en su caso, amparo indirecto o directo, a través del cual es posible invocar violación a los artículos 14 y 16 constitucionales (inexacta aplicación de la ley), en relación con la indebida, restringida y/o inexacta interpretación y alcance del derecho fundamental concretamente aplicable.  De esa manera se genera la eficacia horizontal indirecta de los derechos humanos, porque, por un lado, lo que se considera atentatorio del numeral constitucional es la sentencia o decisión final de tipo ordinario;……

 

 ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DEBE SER RESPETADO NO SÓLOPOR LAS AUTORIDADES, SINO TAMBIÉN POR LOS PARTICULARES. FERROCARRILES.

El artículo 14 de la Constitución Federal, debe ser respetado no sólo por las autoridades, sino también por los particulares u organizaciones privadas de toda índole, toda vez que si conforme a dicha garantía individual, para la aplicación de toda sanción o la privación de un derecho, mediante acto de autoridad, es menester que la persona afectada fuere previamente oída y vencida en juicio, en el cual se satisfagan los requisitos esenciales del procedimiento, con más razón cuando la sanción la va a aplicar una organización de carácter privado como lo es el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el cual no puede privar a sus agremiados, aun cuando para ello le autorizaren

sus estatutos, de esa garantía constitucional que confiere el derecho de ser oído en defensa, de donde se infiere que para que un trabajador pueda ser expulsado del sindicato a que pertenece mediante la aplicación de la correspondiente  cláusula de exclusión, es menester que el trabajador afectado haya sido citado para concurrir al juicio sindical respectivo, en el cual sea debidamente oído en defensa, dándosele la oportunidad de aportar las pruebas que estimare pertinentes, tendientes a desvirtuar los cargos en los que se pretende apoyar la expulsión ,pues de no llenarse tales requisitos, es evidente que se priva al afectado de la

garantía constitucional a que se ha venido haciendo mérito; si la Junta responsable no lo consideró así, puesto que estimó inoperante la acción de nulidad que ejercitó el demandante y hoy quejoso del procedimiento relativo a la aplicación en su perjuicio de la cláusula de exclusión, apoyando su fallo absolutorio en el inciso “c” adicionado al artículo 171 de los Estatutos que rigen la vida interna del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, no obstante que el procedimiento que señala ese inciso está en pugna con el texto del artículo 14 constitucional, puesto que priva a los miembros del sindicato de la garantía de audiencia que consigna dicha disposición constitucional, es de concluirse forzosamente que la Junta responsable al estimar inoperante las acciones ejercitadas en el juicio laboral y absolver a la parte demandada de tales prestaciones incurrió en las violaciones que se comentan.

 

 

 (No. Registro: 274,288. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Quinta Parte, LXIX. Tesis: Página: 10. Amparo directo 3855/62. Manuel Martínez Carrasco. 7 de marzo de 1963. Cinco votos.

Ponente: Agapito Pozo).

 

 

 

CASO 1 AMPARO VS LA SILLA CLUB

 

En fecha 10 de Junio del 2013 se presenta un amparo indirecto  a cargo del C. Jesús Téllez en la ciudad de Monterrey Nuevo León ante el Juez de Distrito de Materia Civil y de Trabajo del Cuarto Circuito, en cual el quejoso Jesús Téllez nombrando y pronunciándose en contra de las siguientes autoridades responsables y  ejecutoras:

 

 

  1. Consejo Directivo de la Asociación “La Silla Club, A.C.”, con domicilio en la Av. Revolución, número 3780-A, colonia Contri, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64860.

 

  1. Comisión de Honor y justicia de la Asociación “La Silla Club, A.C.”, con domicilio en la Av. Revolución, número 3780-A, colonia Contri, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64860.

 

  1. La Administración de la Asociación “La Silla Club, A.C.”, con domicilio en la Av. Revolución, número 3780-A, colonia Contri, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64860.

 

  1. Gerente General de la Asociación “La Silla Club, A.C.”, con domicilio en la Av. Revolución, número 3780-A, colonia Contri, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64860.

 

 

Así mismo señalando como actos reclamados los siguientes:

 

1.- De la señalada en el inciso):

 

  1. El acuerdo de suspensión de derechos que como asociado tengo en la asociación, del día 20 de mayo de 2013, mismo que me fue notificado el día 21 del mismo mes y año.

 

  1. La ausencia total de fundamentación y motivación en el acuerdo de suspensión de derechos decretado en mí contra el día 20 de mayo de 2013.

 

  1. La omisión de dar la orden a la Administración de “La Silla Club, A.C.”, para el envió a mi domicilio del aviso por faltas al reglamento interior de “La Silla Club, A.C.”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”.

 

  1. La omisión de reportar a la Comisión de Honor y Justicia la supuesta falta cometida para su estudio.

 

  1. La omisión de notificarme la suspensión decretada el día 20 de mayo de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”..

 

  1. La omisión de tomar en cuenta el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia de “La Silla Club, A.C.”, antes de decretar la suspensión de derechos, de conformidad con lo establecido en el numeral 68 del Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”.

 

  1. La omisión de establecer el tiempo que durara la suspensión decretada el día 20 de mayo de 2013.

 

  1. La omisión de atender a las disposiciones contenidas en el Capítulo XII delReglamento interior de “La Silla Club, A.C.”, antes de acordad la suspensión que me fue impuesta.

 

  1. La omisión de indicarme la falta cometida y la calificación de la misma conforme a lo dispuesto en el Capítulo XII del Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”.

 

  1. La omisión de emitir la amonestación que establece el Capítulo XII del Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”.

 

2.- De la señalada en el inciso B):

 

  1. La omisión de estudiar el reporte de la supuesta falta cometida y que motivo el acuerdo de suspensión de derechos del día 20 de mayo de 2013.

 

  1. La omisión de emitir el dictamen previo al acuerdo de suspensión; de conformidad con lo establecido en el numeral 68 del Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”.

 

3.- De la señalada en el inciso C):

 

  1. Las omisión de enviarme a mi domicilio el aviso por faltas al Reglamento Interior de “La Silla Club, A.C.”.

 

4.- De la señalada en el inciso D):

 

  1. La omisión de citar los fundamentos de su competencia para firmar el acuerdo de suspensión de derechos del 20 de mayo de 2013.

 

  1. La falta de fundamentación y motivación del acuerdo de suspensión de derechos del 20 de mayo de 2013 y que me fue entregado el día 21 del mismo mes y año.

 

  1. La falta de competencia para autorizar el acuerdo de suspensión de derechos del día 20 de mayo de 2013, mismo que me fue entregado el día 21 del mismo mes y año.

 

 

Y basando su concepto de violación en lo artículos 1, 4, 14, 16 y 133 del Pacto federal Mexicano, así como lo dispuesto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José), la Declaración Universal de los Derechos Humanos yla Convención Sobre los Derechos del Niño; ya que las responsables en franca violación a los principios de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, contra todo derecho establecieron lo siguiente:

 

“Por medio de la presente nos permitimos informarle que en junta de Consejo celebrada el día 20 de mayo de 2013 se dio lectura a dos reportes existentes en contra de usted y en los cuales se narra los hechos sucedidos el día 14 de mayo de 2013, en el área de bar.

Por los incidentes sucedidos en esa fecha se acordó aplicarle una suspensión a usted y a su familia por ser el titular de la misma la cual estará vigente a partir del día de hoy y hasta en tanto la comisión de Honor y Justicia dictamine la falta cometida.

Esta suspensión es de acuerdo a los Estatutos el cual dice lo siguiente:

Artículo No. 24 SUSUPESIÓN DEL ASOCIADO.

Cuando a Juicio del Consejo Directivo la falta cometida por un asociado no es grave, podrá imponerle al asociado hasta 2 (dos) meses de suspensión en el ejercicio de sus derechos en la Asociación, incluyendo el de asistir y disfrutar de los servicios del edificio e instalaciones de la Asociación; más esta suspensión no implica la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones, igual sanción, podrá aplicarse a los asociados que estén en mora por un periodo menor de 3(tres) meses, en el pago de sus cuotas y adeudos con la Asociación. La suspensión de derechos, comprenderá al cónyuge, hijos solteros del asociado infractor y en su caso a sus invitados especiales aludidos en el artículo 30 (treinta) de los presentes Estatutos.”(…)

Y así las cosas la Amparo presentada no trascendieron y fue negado por el Juez de Distrito, y así mismo se presento el recurso de queja y el tribunal colegiado lo confirma.  Ya  que a su criterio el concepto de violación infringía en una norma de carácter local (Estatus propios del Club) y no una de carácter general así no quedando adecuada bajo las condicionantes hacia el amparo contra particulares que nos marca el artículo 5 de la ley de amparo:

 

Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo

 

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma jurídicas.Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

 

El tribunal colegiado determinando que el juez de distrito se encuentra ajustado a derecho asi  mismo alegando  que no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en este asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, para tener como autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional a la citada persona moral, al reunirse todos los elementos constitutivos que requiere el texto legal para que un particular sea considerado como autoridad y los cuales son siguientes:

I. Que el particular realice actos equivalentes

a los de autoridad.

 

II. Que se afecten derechos, es decir, que

modifiquen o extingan situaciones jurídicas.

 

III. Que sus funciones se determinen por una

norma general.

 

Así es, toda vez que de las constancias que integran el recurso de queja, se desprende que la citada Asociación Civil y los quejosos tienen como origen una relación de naturaleza esencialmente contractual entre particulares, en virtud de que el quejoso, ahora recurrente es asociado propietario lo que acreditó con el certificado de aportación, título número 90876, de fecha dos de febrero de 1982, que le fue endosado el cuatro de marzo de dos mil once; que desde esta última fecha ha cumplido cabalmente con las obligaciones que como asociado tiene para con esa asociación; que no ha cometido ninguna falta al reglamento interior o a los estatutos que ameritara o haya provocado la suspensión de los derechos como asociado en su perjuicio o de su familia; lo cual expuso entre otras cosas, bajo protesta de decir verdad en el capítulo de hechos de la demanda de amparo.

 

Por ende, debe decirse, que la asociación en la especie, sólo tiene el carácter de particular, en virtud de que al asociarse con los quejosos, es evidente que todos ellos adquirieron mutuos derechos y obligaciones en libertad de decisión, siendo por esa razón que las controversias que se susciten inherentes a su derecho de uso, goce y disfrute del inmueble e instalaciones de esa asociación civil, deben someterlas ante la autoridad jurisdiccional competente por tratarse precisamente de conflictos entre particulares que gozan de las mismas prerrogativas, ya que ninguna de las partes contendientes puede imponer a la otra algún gravamen o perjuicio en forma unilateral, sino conforme lo convenido en el contrato, reglamento interno y estatutos que rige a la mencionada asociación civil, así como, cuando hayan incurrido en su incumplimiento; pues, cabe destacar, que no essuficiente para tener a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de garantías, por el sólo hecho de que sea un particular el que emita el acto reclamado como de manera inexacta lo pretende el recurrente, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

Pues, para ello es menester, que se encuentran reunidos todos los requisitos que exige el precepto legal invocado, a fin de que se actualice ese supuesto, consistente en la realización de actos equivalentes a los de autoridad, que afecten sus derechos, al modificar o extinguir situaciones jurídicas y que sus funciones se determinen por una norma general; situación que no ocurre en la especie, en virtud de que los actos que le atribuyen a la persona moral denominada, consistentes en la suspensión, privación y disfrute de las instalaciones y actividades que los recurrentes desarrollan en ese centro de recreación privado, contenida en el acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil trece, dictado por el Consejo Directivo de la citada agrupación social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de sus estatutos; toda vez que las funciones o conductas desplegadas por la Asociación Civil por conducto de sus directivos y operadores respectivos, no se encuentran sustentadas por una norma general, sino como los propios recurrentes lo afirman en los estatutos que la rigen, los cuales no tienen la característica de una norma general, sino que es para un sector muy pequeño de individuos (los socios o asociados), por tanto, la facultan para actuar en la forma que lo hizo en el acuerdo de suspensión en cuestión, de conformidad con el consenso de todos sus socios y en términos del precepto legal invocado de sus estatutos.

De igual forma, debe decirse, que resulta inexacto, lo alegado por los inconformes en el sentido de que las funciones de la asociación civil , son determinadas por una norma general, esto es, por los artículos 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569 y 2570 del Código Civil vigente en el Estado; en virtud de que tales preceptos legales sólo regulan la constitución y organización de las asociaciones y sociedades; pero ellos no la facultan para aplicar libremente a sus socios las disposiciones de ese código, pues, del primero de ellos se aprecia que en forma categórica establece que, cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación y los numerales 2564 y 2566 de la invocada Legislación, señalan que el contrato por el que se constituya una asociación, debe constar en escritura pública; así como que las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero; el 2567 señala que el poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general, el director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos; los ordinales 2569 y 2570 de la invocada Legislación, se refiere a los asuntos que puede resolver la asamblea general.”

 

 

 

He ahí la eficacia horizontal indirecta del juicio de amparo contra particulares ya que a mi criterio se encuentra en un error el juzgador así como el Tribunal , ya que no toma en cuenta que la norma del Estatuto violada ( en este caso el artículo 24 de los Estatutos del Club) proviene de una norma general , las cuales son contempladas en el Código Civil , y así mismo se deja sin alcance y aplicación el criterio antes mencionado en donde nos estipula que los particulares deben cumplir cabalmente conforme a los procedimientos que nos indica los artículos 14 y 16 . Por lo que no obstante y sin más dudas creo que el amparo contra particulares nos deja ciertas lagunas , ya que ami criterio difícilmente un particular violara una norma general , por lo que ha este caso concierne y en base al criterio del Tribunal Colegiado,  el Código Civil les da amplia universalidad de aplicación ósea nomas los regula y les da la libertad de aplicar los estatutos que ellos crean convenientes , así mismo violarlos y no tener sanción alguna , basándose en el hecho de que son estatutos y normas generales.

 

Por lo que es de más concluir que creo que en ámbito de materia de amparo nos queda mucho que retroalimentar, ya que  a lo que se pudiera contemplar cómo un crecimiento en materia de amparo contra particulares, es solamente un estancamiento o materia muerta, por el hecho de su inaplicación y así mismo sustentar que la norma general violentada es el 14 y 16 Constitucional.

 

Lic. Carlos Bernardo Jauregui Rivera