EL ACTO ADMINISTRATIVO (PARTE 1)

29.10.2014 15:15

RESUMEN

La figura del acto administrativo ha sido difícil para los autores  encontrar su origen, al igual que las demás figuras jurídicas debido a que rastrear el nacimiento de dicha figura es casi imposible, para caso de la figura del acto administrativo, algunos autores mencionan que proviene de la doctrina francesa  y otros de que proviene de una doctrina del Derecho germánico.

El acto administrativo, es el medio a través del cual la Administración pública cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o públicos. Es la formalización de la voluntad administrativa, y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad.

El tema del acto administrativo es de suma importancia en el Derecho público, dado que el reconocimiento de un acto como administrativo implica someterlo a un régimen especial que lo diferencia de otras manifestaciones estatales. Es una materia que ha sido muy discutida en la doctrina jurídica, sosteniéndose diferentes definiciones, según sea el concepto que se tenga, en general, de la función administrativa.

 

ABSTRACT


The figure of the administrative act has been difficult for authors to find its origin, like other legal figures because they trace the source of this figure is almost impossible, for if the figure of the administrative act, some authors state that comes from French doctrine and others that comes from a doctrine of German law.


An administrative act is the means through which the public administration fulfills its objective of meeting the collective or public interests. It is the formalization of administrative will, and must be made ​​in accordance with the principle of legality.


The issue of an administrative act is paramount in public law, since the recognition of an act as an administrative means submission to a special regime that differentiates it from other state events. It is a subject that has been much discussed in legal doctrine, holding different definitions, as the concept you have, in general, the administrative function.

 

INTRODUCCION

“Históricamente, a partir del principio de la legalidad se comienza a identificar tanto la esencia de los procedimientos administrativos como de todas aquellas decisiones de quienes ejercen funciones administrativas, tendientes a la producción de efectos jurídicos. Este postulado se convierte, por lo tanto, en el elemento jurídico clave para otorgar por vía doctrinal y de jurisprudencia a ciertos actos de la administración el alcance especifico de actos administrativos; calificación utilizada, paradójicamente, para identificar todas aquellas decisiones de la administración que, por las razones históricas expuestas en el tomo I de esta obra fueron consideradas como ajenas al control de la justicia ordinaria, y su conocimiento trasladado inicialmente –en Francia- a órganos de la misma administración, y con posterioridad a la justicia especializada de lo Contencioso Administrativo.

            Lo anterior tomando en cuenta las iniciales interpretaciones del principio de la separación de poderes en la Francia revolucionaria, que se caracterizaron por la desconfianza hacia el poder judicial, especialmente en lo referente al conocimiento de los litigios de la administración.

            La jurisprudencia del consejo del estado y del tribunal de conflictos francés tuvo a su cargo en  las elaboraciones conceptuales de acto administrativo, a partir de las decisiones proyectadas con el fin de determinar la competencia de los tribunales administrativos y la jurisdicción ordinaria, razones que han llevado a la formación por parte de algún sector de la doctrina, que el acto administrativo tiene su origen conceptual en necesidades estrictamente adjetivas o procedimentales, no obstante la trascendencia que en la obra actual a adquirido como mecanismo substancial y garantizador de los derechos fundamentales.

            El concepto de acto jurídico, base indudable de partida para el conocimiento del acto administrativo, tiene sus raíces en las elaboraciones de los teóricos jusprivativas francogermanos quienes se basaron principalmente en las exposiciones doctrinarias y filosóficas desarrolladas durante el siglo XVII por Kant  en Fichte-Grundlagen des Naturrechts. La teoría del acto administrativo se forma a partir del desarrollo doctrinal especializado y autónomo del concepto genérico de acto jurídico, el cual, nutrido con las ideas y experiencias de la revolución de 1789 –concretamente aquellas referidas a la necesidad de establecer linderos entre la justicia contenciosa administrativa y la justicia ordinaria- le era aplicado al ejercicio de la función administrativa, teniendo siempre presente que a esta –función administrativa- no la orientaba el principio de la autonomía privada, si no, por el contrario, la prosecución del bien común, del interés público y las debidas garantías al administrado.

            Con anterioridad a la elaboración del concepto de acto administrativo, -Ancien régime-, se acudía a otras expresiones con las cuales se intentaba identificar fenómenos similares que se configuraban a partir del ejercicio del poder concentrado en el estado personalizado; entre otras tales expresiones fueron las siguientes: actos del rey, actos de la corona, actos del fisco. No obstante, se puede afirmar con certeza que antes de la revolución francesa la teoría del acto administrativo era prácticamente desconocida. Se trata en esencia, de un fenómeno típico de la evolución institucional del Estado de Derecho.

            Antecedentes legislativos post-revolucionarios sobre el concepto de acto administrativo se advierten en la ley del fructidor del año III, en la que se prohíbe a los tribunales judiciales el conocimiento de diversos actos de la administración. Posteriormente, por ley de 2 de germinal del año V, se dijo que las operaciones del cuerpo administrativo y los actos de administración de la administración eran todos los que se realizaban por orden del gobierno, o de sus agentes inmediatos, bajo su vigilancia y con fondos proporcionados por el tesoro público.

            Pero es tan solo a partir del repertorio de Merlín, publicado en la 4ª edición de Guyot, en 1812, cuando aparece por primera vez la voz acto administrativo que de define como una decisión e la actividad administrativa, una acción, un acto de administración que tiene relación con sus funciones.

            No obstante la precariedad inicial, en acto administrativo a adquirido en los sistemas jurídicos modernos, especialmente en aquellos ceñidos por los principios del estado de derecho, connotaciones de columna vertebral del Derecho Administrativo, y no solo desde el punto de vista del ejercicio de la funciona administrativa, sino también del régimen de garantías que se desprende con sus existencia. De ahí que se hayan desarrollado importantes criterios jurisprudenciales y doctrinales, con el fin de identificar la existencia de fenómenos que consistan en manifestaciones de voluntad, por parte de quienes ejercitan funciones administrativas, tendientes a la producción de efectos jurídicos.

             Encontrar con exactitud un criterio perfectamente válido para determinar la presencia de un acto administrativo es uno de los asuntos mas polémicos y controvertibles de la jurisprudencia y la doctrina administrativas. Las condiciones legislativas, doctrinales y jurisprudenciales de los diversos países invitan a adoptar criterios en estrictos sentidos operacionales y lo posible adecuados al ámbito jurídico nacional que corresponda.

            Con posterioridad a su aparición histórica, la doctrina a desarrollado algunos criterios básicos para la determinación del acto administrativo, entre ellos podemos identificar: el formal u orgánico y el sustancial; este último, más conocido como criterio material u objetivo; de acuerdo con el primero, serán actos administrativos todos aquellos que conforme a elementos externos -formales- sean considerados como actos administrativos. En este orden de ideas, dichos elementos estarían determinados por factores tales como el órgano productor del acto, el procedimiento utilizado en su expedición y la forma que adopte el acto una vez producido. Serán entonces actos administrativos todos aquellos proferidos por los órganos administrativos, mediante los procedimientos adoptados por el legislador para tales efectos y con las características externas de cada uno de ellos.

            Desde el punto de vista material, son actos administrativos todos aquellos que en razón de su contenido o sustancia se consideran como administrativos, sin importar las formas externas que puedan adoptar, ni mucho menos el órgano del cual provengan. Es decir, sin importar el poder público o funcionario que lo produzca, el procedimiento seguido para su expedición o las formas externas que adopte. En consecuencia, toda manifestación voluntaria de cualquier órgano del estado que por su contenido se ha considerado administrativo será Acto Administrativo. Históricamente, el criterio material significo un profundo avance conceptual frente al criterio formal.

            Ahora bien la diversidad de criterios varía de acuerdo con las diferentes concepciones y cánones empleados por la doctrina en la elaboración de los mismos; es así como los criterios explicados se han complementado históricamente con muchos otros que analizan el derecho administrativo y obviamente el Acto Administrativo desde ópticas totalmente diferentes como es el caso de las escuelas finalísticas, normativas, de las prerrogativas publicas y eclécticas.

            Se han desarrollado igualmente algunos criterios como el jurisdiccional, de acuerdo con el cual se excluye el concepto de acto administrativo a todos aquellos actos que no son impugnables ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. En líneas generales, este criterio reitera el formal en la medida en que tiene como punto de partida el control del acto administrativo, el cual por disposición legislativa puede recaer en la justicia ordinaria sin que esta errónea asignación pueda desvirtuar su carácter de administrativo. En este sentido la sentencia de octubre de 1971 continúa en plena vigencia.

            Las doctrinas normativistas han desarrollado el denominado criterio jerárquico a través del cual se pretende indicar que acto administrativo es aquel que respecto a la pirámide jurídica, debe respetar las normas constitucionales y legales, es decir que se encuentra en un tercer nivel de producción normativa.

            En nuestra opinión, el concepto de Acto Administrativo debe conjugar todos los criterios anteriormente expuestos, por tanto caeríamos en error de limitarnos en no aceptar de manera ecléptica, que todos los criterios expuestos no son mas que componentes, que en mayor o menor grado y de acuerdo con las circunstancias han coadyuvado para la construcción de un criterio para la identificación de Acto Administrativo. Por lo anterior, un criterio operacional para identificar el Acto Administrativo será aquel que comparte todos los criterios formal y material como cualquiera otro de los expuestos por la doctrina; esto es, aquel contiene elementos externos –órgano, procedimiento, forma- como materiales o sustanciales al igual que finalísticos y normativos.

            En el derecho positivo colombiano (decreto 0I de 1984) se adopto el criterio anteriormente expuesto. De la relación jurídicamente formada por los artículos 82 y 83 se infiere que lo determinante en el acto constituye la conjugación resultante del ejercicio de funciones administrativas por identidades públicas o privadas, sean estos órganos los que por regla general desarrollan otras funciones, como la legislativa, la judicial, o la de control, como en los casos de la procuraduría o la contraloría, y que busque en el cumplimiento de los fines estatales, según se desprende de los artículos 2, 123 inciso 2, y 209 constitucionales. Indica precisamente el artículo 82 del código Contencioso Administrativo, conforme a la redacción del artículo 19 del decreto 2304 de 1989 que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta instituida por la Constitución, para juzgar las controversia y litigios administrativos, originados en la actividad de las entidades públicas, y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas. El artículo 83 reitera este concepto cuando indica que  la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo  y juzga los actos administrativos  de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas.  Para la doctrina, esta expresión del legislador implica la conjugación de los criterios formal y material en la determinación del Acto Administrativo, haciéndose énfasis, como se observa, en el elemento funcional, que es típico de criterio substancial, los  cuales aunados a las necesidades que debe cumplir la administración, según las normas constitucionales citadas, determinan un criterio amplio y polifacético para identificación del acto administrativo.”[1]

 

 

 

DESARROLLO

 

CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

Para definir al acto administrativo es necesario distinguir que la administración realiza actos entre los cuales están los contractuales y unilaterales, individuales y generales.

            El autor Jorge Fernández Ruiz separa en dos grupos basado en un criterio orgánico y uno material para llegar a una definición del acto administrativo.

a)    Criterio Orgánico: “También llamado subjetivo o formal, acto administrativo es el que realizan los órganos administrativos del poder público y no otros. De acuerdo con este criterio, solo los órganos administrativos  pueden producir actos administrativos;  esto significaría que los órganos judiciales y los legislativos no podrían hacerlo, lo que es rechazado en la actualidad por la mayor parte de la doctrina.

b)    Criterio Material:  También llamado objetivo o sustancial, sin importar la naturaleza del órgano que lo realiza, acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen actos administrativos, caracterizados por su contenido material de naturaleza administrativa, De esta suerte, conforme al criterio material:

a)    El acto administrativo lo pueden realizar no solo los órganos administrativo sino también los legislativos y los jurisdiccionales.

b)    El acto legislativo lo pueden realizar no solo los órganos legislativos si no también los administrativos y los jurisdiccionales.

c)    El acto jurisdiccional lo pueden realizar no solo los órganos jurisdiccionales si no también los legislativos y los administrativos.

d)     En consecuencia, los órganos administrativos no realizan sólo actos administrativos sino, además actos legislativos y jurisdiccionales.”[2]

Por lo tanto en sentido lato nos dice el Profesor argentino Agustin A. Gordillo “Acto administrativo es el dictado en ejercicio de la función administrativa, sin interesar que órgano lo ejerce”[3]

Pero para esto el sentido lato no deja una clara definición de lo que es el acto administrativo por lo que el autor Jorge Fernández Ruiz  nos define en sentido restringido al acto administrativo como “ la declaración unilateral de la voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de su función administrativa, con efectos jurídicos directos respecto a casos individuales concretos.”[4]

Ahora que tenemos los criterios, nos damos cuenta que el acto administrativo no solo es función de los órganos administrativos, sino que también cualquier órgano puede  producir un acto administrativo, siempre y cuando su sustancia se administrativa. Así también  como los autores mencionados  nos definen en sentido lato y en sentido restringido lo que es el acto administrativo no me llevan a una clara definición de lo que es el acto administrativo por lo que mencionare a continuación  a  diversos autores de distintas nacionalidades que nos proporcionan su definición.

 Tenemos al autor Georges Vedel perteneciente a la Doctrina Francesa  nos menciona Denomina a los actos administrativos como decisiones ejecutorias, indica que son actos jurídicos emitidos unilateralmente por la administración, con objeto de modificar el ordenamiento jurídico mediante las obligaciones que impone o por los derechos que confiere. Por otra parte tenemos a Jean Rivero perteneciente a la misma doctrina nos dice que todo acto de voluntad destinado a introducir un cambio en las relaciones de Derecho que existan en el momento de que intervienen, o mejor, a modificar el ordenamiento Jurídico.

La Doctrina Alemana tenemos al autor Otto Mayer que nos define el acto administrativo como “un acto de autoridad que emana de la administración y que determina frente al súbdito lo que debe ser para él, el derecho en un caso concreto”[5]

Para la doctrina Italiana mencionare a Trentin que nos dice que el acto administrativo “es una especie particular de los negocios jurídicos públicos de un ente administrativo, al cual determinado orden jurídico le atribuye determinada eficacia coactiva.”[6]

La doctrina española se muestra inclinada a las tendencias de la escuela italiana y francesa, tenemos a Álvarez Gendín que nos dice que es “una declaración de voluntad de un órgano administrativo generalmente escrito, en materia administrativa del cual surgen afectos jurídicos”. Y por otro lado tenemos a Fernández de Velasco “toda declaración jurídica, unilateral y ejecutoria, en virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas”.[7]

En cuanto a la Doctrina Anglosajona nos dice el autor que es casi inútil buscar la idea de acto administrativo, debido al empirismo que caracteriza al derecho anglosajón nos dice el autor Lefébure “ en esta familia jurídica no existe, ni remotamente, el  concepto de administración como poder distinto y especifico y, por tanto, de acto administrativo, de ahí que, concluye, lo que en Francia se cumple mediante actos administrativos, en Inglaterra y los países que observan el sistema de common law se cumple a través de una ley.”[8]

En la Doctrina Hispanoamericana se encuentra una gran variedad de autores que nos dan su definición, para este caso me basaré en el distinguido maestro argentino Bielsa que define al acto administrativo como “la declaración, general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de su propia función y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellos.

 

ANÁLISIS DE EL ACTO ADMINISTRATIVO

            El acto administrativo produce efectos jurídicos en cualquiera de sus hipótesis que puede afectar a la administración o a los ciudadanos, es una manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente, encaminada a crear, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones, además de producir efectos jurídicos, el autor Rafael I Martínez Morales nos dice con el fin de poder explicar lo que es el acto administrativo, no al define como “declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho. Este concepto implica excluir de la categoría de acto administrativo la actividad reglamentaria, puesto que se habla de consecuencias subjetivas; tampoco comprende los contratos que celebre la administración, ya que señala que es una declaración unilateral. De igual manera, no se engloban los actos de esencia extrajurídica ni los hechos jurídicos.”[9]

            Se han desarrollado diversos conceptos acerca del acto administrativos, estos se forman por criterios, y a pesar de que algunos autores han intentado innovar en  la formulación del concepto del acto administrativo, les ha sido casi imposible aportar algún nuevo concepto, sin embargo todos estos conceptos se encaminan a casi el mismo resultado. La gran mayoría podrían separarse en dos grandes grupos: los elaborados con un criterio orgánico y los elaborados con un criterio material.  

REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

REQUISITOS ELEMENTALES.

            El artículo 3°, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y los artículos 6° y 7°, Ley de Procedimientos Administrativos para el Distrito Federal, enumeran los requisitos del acto administrativo. Según la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la omisión o irregularidad de los que s establecen en las fracciones I a XI son determinantes de nulidad (artículo 5° establecen en las fracciones I a XI son determinantes de nulidad (artículo 5°, ley Federal de Procedimientos Administrativos); y, de lo que se establecen en las fracciones XII a XVI, la anulabilidad (artículo 7°, Ley Federal de procedimientos Administrativos). Según la Ley de Procedimientos Administrativos para el Distrito Federal, son las omisiones o irregularidades las que se establecen en el articulo 7° la anulabilidad, (artículos 25 y 26) El Código Procesal para el Estado de México en su artículo 274 simplemente se limita a enumerar las “casusas de invalidez”.

            De conformidad con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 constitucional; los actos administrativos que deban notificarse ---porque, los actos administrativos, para ser efectivos y ejecutivos, deben de ser notificados, a excepción de lo anterior, será en todo caso, la negativa ficta; deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

·         Constar por escrito. “Es fundamental que conste por escrito en razón de que es lo que prueba la existencia del acto administrativo; y donde consta la legalidad o ilegalidad del mismo.

·         Señalarse la autoridad que lo emite. Es necesario evitar la arbitrariedad, limitando las instancias estatales que puedan afectar los derechos legalmente tutelados de los gobernados.

·         Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. La fundamentación y motivación consagra el principio de legalidad que otorga protección al particular contra los actos de Estado, y que se traduce en la seguridad jurídica para el gobernado (articulo 16 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos).

·         Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. La firma del funcionario representa el ejercicio de la función pública que consta en el acto administrativo, en su calidad de titular del órgano de gobierno correspondiente.

·         Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria (artículo 26 Código Fiscal de la Federación), se señalara, además, la causa legal de la responsabilidad.”[10]

 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Los elementos son las partes integrantes de un todo,  o los fundamentos o el móvil que conforma algo. Para que un acto administrativo, cualquiera que sea su finalidad o contenido, produzca todos y sólo sus efectos normales, es necesario que se den una serie de circunstancias que se denominan “requisitos” o “elementos del acto”. Los distintos actos administrativos que integran el procedimiento, desde su iniciación hasta su terminación, están sujetos al cumplimiento de estos requisitos.

2.2.1. La competencia. “La competencia es la posibilidad que tiene un órgano de actuar; la ley le asigna al órgano determinados asuntos que puede o debe atender. Por su parte, las facultades se refieren a los servicios públicos; o sea a la aptitud que éstos reciben de la legislación para emitir los actos necesarios a fin de ejercer la competencia del órgano.

Así tenemos que, conforme a la disposición constitucional, el acto administrativo debe ser producido por un órgano competente, mediante un funcionario o empleado con facultades para ello.

2.2.2. La forma escrita. El mandato constitucional es claro en el sentido de que los actos de autoridad han de ser por escrito. Esto constituye una garantía de certeza jurídica.

Además, han de reunir ciertos requisitos que la lógica, la ley y la costumbre contemplan (fecha, firma, claridad, etc.)

2.2.3. Fundamentación. Fundamentar un acto implica indicar con precisión que ley o leyes y cuáles de sus artículos son aplicables al caso, originan y justifican su emisión. No señalar las normas que dan fundamento legal al acto, vicia a este.

La fundamentación, es decir citar el artículo y ley aplicable, se refiere tanto al contenido del acto como a la competencia del órgano y facultades del servidor público

2.2.4. Motivación.

            El motivar un acto administrativo consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto.

            La motivación es la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación subjetiva del administrado.

            La necesidad de que la administración pública funde y motive sus actos fue reconocida en el siglo XIX por la jurisprudencia francesa. En México aparte del citado artículo 16 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado estos requisitos, fijando que las resoluciones administrativas “fundarlas significa señalar los preceptos legales sustantivos… y motivarlas es mostrar que en el caso se han realizado los supuestos de hecho que condicionan la aplicación de aquellos preceptos.”

Fundamentacion y motivacion, concepto de. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra carta magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos logico-juridicos sobre el por qué considero que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo rosado y otro. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: francisco fong Hernández.

FUNDAMETNACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. “Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Alberto GonzálezAmparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991.Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez Amparo de revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

MOTIVACION. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 16/96, Jorge Antonio Vicente Jiménez. 11 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.

2.2.5. Principio de Legalidad.

            Toda actividad del Estado, ya sea función administrativa, jurisdiccional o legislativa, debe ajustarse a la ley. Así, los actos de los órganos del poder ejecutivo han de ser producidos conforme a disposiciones previamente emitidos por el legislador.

Si, en términos generales, el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, la administración pública solamente puede hacer lo que la ley le permita expresamente.

Bajo otro enfoque, el principio de legalidad se refiere a que los actos administrativos se reputan validos o legítimos; correspondiendo, en todo caso, al gobernado o a los medios de control, demostrar lo contrario.

            2.2.6. No retroactividad.

            El principio de la no retroactividad que el art. 14 constitucional indica para la ley. Es aplicable a los actos administrativos. Dado que los órganos de la administración pública actuaran ejecutando la ley, es lógico concluir que sus acciones deben seguir las características de esta.

La no retroactividad del acto administrativo se refiere a los efectos de este, es decir, no puede lesionar derechos adquiridos con anterioridad a su emisión.”[11]

REQUISITOS FORMALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (ART.3)

            De acuerdo con el Maestro Alberto Pérez Dayan Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I. “Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

V. Estar fundado y motivado;

VI. (Se deroga);

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;

X. Mencionar el órgano del cual emana;

XI. (Se deroga);

XII.     Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;

XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

XIV. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que   procedan, y

 XVI.     Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes, o establecidos por la ley.”[12]

LA NOTIFICACION DE EL  ACTO ADMINISTRATIVO.

A pesar de que la notificación de un acto administrativo no pertenece a la parte del procedimiento respecto a su creación, aun sin ser comunicado a los afectados se les puede considerar como totalmente terminado, por lo cual tal formalidad se presume esencial por ser, precisamente, la condición de que los interesados se han enterado de su contenido.

            Notificar es “como lo indica la clara etimología del vocablo notum facere; el acto por el cual se manda hacer del conocimiento de una persona, alguna providencia, para que la noticia dada a la misma le pare in perjuicio por la omisión de lo que se le manda o intima, o para que le corra un término.”[13]

La notificación de los actos administrativos se encuentra condicionada por el cumplimiento de cada uno de los requisitos que al efecto establezcan las leyes propias que rijan a cada acto administrativo concreto, en otras palabras la manera de comunicar a los destinatarios de un acto administrativo el contenido del mismo siempre se encuentra ceñida a las precisiones relativas que contenga la ley, cuyas disposiciones sirvan de fundamento a la autoridad administrativa para dictarlo.

 

 

 

 



[1] Jaime Orlando Santofilo Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, tomo II, Colombia, 1998, pag. 121-128

[2] Jorge Fernández Ruiz, Derecho Administrativo, Editorial McGRAW-HILL, México, 1997 p.126

[3] Agustín A. Gordillo, El Acto Administrativo, 2°ed., Alberto Perrot, Argentina, 1969 p.40

[4] Jorge Fernández, Op. Cit.  p.127

[5] Alberto Pérez Dayán, Teoría General del Acto Administrativo, Tercera Edición, Ed.porrúa, 2010, P.48

[6] Ibid

[7] Idem. P.49

[8] Ibid.

[9] Rafael I. Martínez Morales. Derecho Administrativo, Ed. HARLA, México, Primer curso , 1991, Pp. 223-224

[10] Miguel Rodríguez Jáquez, Recopilación de apuntes de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Del 9° semestre, en la Unidad Académica de Derecho – UAZ., Enero – Junio

[11] Rafael I Martínez Morales, Derecho Administrativo. Op. Cit.

[12] Alberto Pérez  Dayan,  Op. Cit. P.87

[13] Idem.

 

Lic. Ismael Aquino Gutierrez

Maestria en Amparo