FILAS PREFERENCIALES EN BANCOS VIOLATORIAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACION

26.10.2013 09:36

 

Los derechos humanos en México han tenido una constante evolución ya que tienen su base en la dignidad del ser humano, nacen con el hombre, con el también nace una actitud ética enfrente a la vida, nacen estos en la primera etapa de la historia del ser humano y hasta el siglo XVII se formulan los principios de convivencia, justicia y de la dignidad humana.

Los Derechos humanos en México son previstos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así mismo bajo los principios rectores de los Tratados Internacionales contemplados  en nuestro Articulo primero; y así mismo nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Los derechos Humanos o derechos del hombre son uno de los temas primordiales en  el planeta, ya que son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básico[]s que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, esto , sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es de utilidad básica para todos los ámbitos y todas las materias, es y debe ser, el principio rector de todo tema relativo a la humanidad.

El presente artículo trata de dar un estudio preciso a la posibilidad de aplicación de un Recurso de Amparo con respecto a las filas preferenciales de algunas instituciones bancarias, tomando como eje central de estudio el  concepto de discriminación, el si una institución bancaria es una Autoridad Responsable, el SI o No y por qué?, y así la opinión de los Tratados Internacionales al respecto.

 

DISCRIMINACION Y NO IGUALDAD LAS FILAS PREFERENCIALES

El Diccionario de la Real Academia nos proporciona la siguiente definición en la que Discriminar lo cataloga como separar, distinguir, diferenciar una cosa con otra, por lo que no se da un criterio amplio del concepto, sino a mi ver nos deja con una idea muy reducida del concepto, o a su vez, con amplia aplicación en la que se pudieran encajar muchas situaciones, personas, animales, cosas u objetos  a dicho concepto. Por ejemplo, el Oxford English Dictionary  basa su criterio en  los contextos jurídicos y políticos en donde comenzó a tomar vigencia el uso no neutral de discriminación, es decir, el uso asociado con actitudes, con medidas, que apuntan a efectuar diferencias irrazonables o no justificadas entre personas, por lo que este concepto nos muestra a diferencia de anterior unos conceptos mas apropiados a la causa , mencionando como concepto primordial actitudes, aplicándolo asi a seres pensantes y razonables.

A diferencia de otros conceptos incluidos en declaraciones y convenciones internacionales, el concepto de discriminación ha merecido una especial atención por parte de los expertos. En consecuencia, existe una definición técnica sumamente satisfactoria del concepto de discriminación. La historia de esa definición comienza en el convenio formulado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1958. Es el conocido Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), llamado Convenio Núm. 111. La definición allí formulada fue tomada posteriormente en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que es del año 60. Luego fue mejorada en la famosa Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, del año 1965, y, por último, apareció en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del año 1979. Hay, pues, una secuencia histórica que exhibe un desarrollo paulatino de la definición de discriminación.

La Convención Núm. 111 de la OIT menciona la raza, el color, el sexo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional y el origen social, como factores críticos en función de los que pueden generarse situaciones discriminatorias. Esta enumeración se repite en la Convención sobre la discriminación en la enseñanza, pero se agregan cuatro nuevos ítems: el idioma, las opiniones políticas «u otras», o sea, se abre un ámbito de posibles opiniones que pueden ser consideradas causa de discriminación; posición económica y condiciones o circunstancias del nacimiento. Por lo que debe  carecer de justificación objetiva y razonable. Por lo que a primera vista pudiéramos decir con seguridad que el tema a que hacemos referencia claramente es violatorio de derechos humanos en su principio de Discriminación, pero así mismo la Convención Num.111 manifiesta en su apartado de “PREFERENCIAS RAZONABLES ” ciertos criterios de exclusión en los que no son aplicables sanciones a los principios de Discriminación dándonos como ejemplo:

 ... las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación”.

 

 Deja abierto, naturalmente, a cada profesión y a cada sociedad determinar qué se entiende normalmente en un empleo determinado por las calificaciones normalmente exigidas.

 Lo mismo ocurre en la Convención sobre discriminación en materia de enseñanza se menciona tres situaciones que no serán consideradas constitutivas de discriminación en el sentido a saber:

 ” …. la creación y mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separada para alumnos de sexo masculino y de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan condiciones equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de personal….”

 “..la creación o mantenimiento por motivo de orden religioso o lingüístico de establecimientos o sistemas separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos si la participación en esos sistemas…”

; …  la creación y mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad. ..”

Dichos ejemplos pudiéramos situarlos en nuestro tema, pudiéramos además claramente justificar el acto de las Filas preferenciales  y decir q son PREFERENCIAS RAZONABLES pero ¿existen criterios claros para distinguir, en casos concretos, cuándo un acto de preferencia es razonable y cuándo es discriminatorio?

Según la Corte Europea : “... la igualdad de trato queda violada cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable. La existencia de una justificación semejante debe apreciarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada en atención a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho consagrado por el Convenio no sólo debe perseguir una finalidad legítima: el artículo 14 se ve también violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Al indagar si, en un caso determinado, ha habido o no distinción arbitraria, el Tribunal no puede ignorar los datos de hechos y de derechos que caractericen la vida de la sociedad en el estado en el que, en calidad de parte contratante, responde de la medida impugnada….”.

En suma, parece haber acuerdo en que los criterios para distinguir esta preferencia razonable y discriminación con la vida de la sociedad en el estado y asi mismo con las circunstancias históricas relativas  con la existencia de una relación adecuada entre medios y fines (proporcionalidad) y con algo más abstracto: la adecuación a principios (razonabilidad). Y es en este punto que se da una gran diferencia entre la Corte Interamericana y la Corte Europea: la primera habla de la justicia, la razón, la naturaleza de las cosas, los imperativos del bien común; la segunda habla, mucho más concretamente, de los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas.

He ahí por lo que nos han arrojado los criterios que anteceden, y es de notable de calcar el punto que a mi opinión es el más importante, que creo que nos da la pauta, del SI el tema principal  es discriminatorio o no, o si simplemente es una Preferencia razonable, es el bien Común. Ya que si bien es cierto el acto (las Filas preferenciales) pudiera fundamentarse en los principios de razonabilidad o proporcionalidad  sean sustentados en el hecho de ser para mayor agilidad y asistencia a los usuarios con mayor tiempo y mayor beneficios para el banco, el principio del bien común es un bien tutelado que no encaja por en este supuesto, por lo que se pudiera afirmar que el acto a tratar es violatorio al principio de no discriminación y no igualdad.   

¿EL BANCO ES UNA AUTORIDAD RESPONSABLE?

 

La ley de Amparo en su artículo 5 marca que es una autoridad responsable :

 

Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

 

II. Autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

 

394612. 656. Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Apéndice de 1995. Tomo VI, ParteTCC, Pág. 440.

 

 

 

AUTORIDADES. QUIENES LO SON, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia visible con el número 54 en la página 115 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, autoridades son, para los efectos del amparo, todas aquellas personas que de hecho o de derecho "disponen de la fuerza pública". Esa tesis, formada con ejecutorias que van del tomo IV al tomo LXX de la Quinta Epoca del Semanario citado, necesita ser afinada en la época actual, en que las funciones del Poder Ejecutivo se han desplazado con complejidad creciente a organismos descentralizados y paraestatales. Y se tiene que llegar a la conclusión de que si los particulares no pueden por su voluntad unilateral, ni por estipulación respecto de tercero (artículos 1860, 1861, 1868 y relativos del Código Civil aplicable en materia federal), imponer a otros cargas que sean exigibles mediante el uso de la fuerza pública, ni directamente ni indirectamente (acudiendo para ello a los tribunales, por ejemplo), uno de los elementos que viene a caracterizar a las autoridades, para los efectos del amparo (artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal), es el hecho de que con fundamento en alguna disposición legal puedan tomar determinaciones o dictar resoluciones que vengan, en alguna forma cualquiera, a establecer cargas en perjuicio de terceros, que puedan ser exigibles mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública (según que dispongan ellas mismas de esa fuerza, o que haya posibilidad de un camino legal para acudir a otras autoridades que dispongan de ella). Y cuando esas cargas sean en alguna manera exigibles mediante el uso de la facultad económico-coactiva, como impuestos, derechos o aprovechamientos (artículo 1o. fracción I, del Código Fiscal de la Federación), se estará frente a autoridades facultadas para dictar resoluciones de carácter fiscal.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Séptima Epoca: Amparo en revisión 794/73. Asarco Mexicana, S. A. 1o. de abril de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 307/74. Luis Zúñiga Millán. 23 de julio de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 201/75. Laboratorios Fustery, S. A. 15 de julio de 1975. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 811/80. Sandoz de México, S. A. de C. V. 11 de marzo de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 870/80. Helber de México, S. A. 11 de marzo de 1981. Unanimidad de votos.

 

 

 

 

El concepto de autoridad responsable podemos indicar que esta compuestos de los siguientes premisas: que dicta , ordena , ejecuta o  trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; por lo que podemos disponer que un banco no ordena , no dicta , o trata de ejecutar el acto, pero asi mismo si tiene ordenamientos y asi mismo si esta regulado y adjunto al Sistema Bancario Mexicano : Artículo 3 de la Ley de Instituciones de Credito .- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones  de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el  Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los  organismos auto regulatorios bancarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades financieras  los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de  terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o más de los activos totales  promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a que se refiere el.

Por lo que se pudiera decir en lo que antecede, un banco pertenece al Sistema Bancario de México el cual está regulado y ejercida su rectoría por el Estado tal como a la letra lo dice la multicitada ley de Instituciones de Crédito:

 Artículo 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente  fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país  y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el  ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia  cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y  usos bancarios.

 

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la  Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.

 

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos  Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de  las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y  equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá  la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

 

 

TRATADOS INTERNACIONALES

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 2. 1. La persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Artículo 2. Derecho de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra algúna.

 

 

 

ACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

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Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. . Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

 

ACTOS DISCRIMINATORIOS

LEY 23592 Sancionada: 3 de agosto de 1988.

Promulgada: 23 de agosto de 1988.

Artículo 1. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Artículo 2. Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Artículo 3. Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o  incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Así mismo con lo que antecede se puede afirmar que los bancos pueden atribuírsele la característica de ser una autoridad responsable y así mismo participe en un juicio de amparo, por lo que al estar ejerciendo una acción discriminatoria, y  no satisfaciente del bien común , debe otorgarse la procedencia de este, los tratados internacionales no diferencian al señalar únicamente autoridades responsables ,sino que a diferencia de la constitución nacional que menciona autoridades, no tomando en cuenta la la esfera jurídica excluyente , estos nos habla de una universalidad.; pero asi mismo es de manifestarse que a mi opinión el banco es una autoridad responsable , dependiente del sistema bancario y asi mismo de rectoría por el Estado , por lo que al Estado tener injerencia en este lo amplia mas en el jucio de amparo.   

 

 Lic. Carlos Bernardo Jauregui Rivera