GARANTIAS PROCESALES DEL IMPUTADO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

07.10.2013 10:37

Lic, Gloria Isabel Esparza Román

Primer Semestre de la maestría de Amparo de la

Universidad Autónoma de Durango, Campus, Zacatecas;

23 de Septiembre del  2013

 

            De los documentos y antecedentes publicados en los que se da a conocer la Reforma Procesal Penal, se desprende que, con ella, se desea impulsar una serie de cambios que pretenden poner a tono a la justicia Mexicana con el desarrollo político, económico, social, científico, tecnológico y cultural del país, de tal manera que las transformaciones que se están llevando a la práctica con estos propósitos tienen como objetivos principales, entre otros, los siguientes: establecer un nuevo sistema de enjuiciamiento Criminal que permita la existencia de un debido proceso, optimizar la oferta de asistencia jurídica gratuita de modo que la justicia esté realmente al servicio de todas las personas, y en general, mejorar los procedimientos judiciales de manera de hacerlos ágiles, eficientes, transparentes y que impliquen confianza para los destinatarios.

De tal manera que la intención de los legisladores, al aprobar la reforma a nuestra Constitución Política, dejan ver que el nuevo sistema procesal penal que se ha propuesto, da origen a un proceso de base acusatoria, con igualdad de armas para las partes en litigio, estructurando de esta forma un juicio contradictorio de partes, en el cual los fiscales del Ministerio Público representan los intereses de la comunidad en la persecución del delito y por la otra parte existirá el rol piel defensor que representará los intereses del imputado por el delito, sin embargo, estimamos en realidad la garantía de los derechos del procesado no radica única y exclusivamente en el papel que deberá desarrollar el defensor, sino que muy principalmente es el propio proceso penal que debe ocuparse en forma prioritaria del respeto de los derechos fundamentales del imputado.

 En base a lo anterior,  resulta interesante, saber, si ciertamente con la puesta en marcha de esta reforma y una vez que se hayan completado todas las modificaciones que se requieren para ello, se lograrán los objetivos fundamentales que han sido planteados y que hemos reseñado precedentemente, ya que no cabe duda que se trata de uno de los cambios más trascendentales que afectan al sistema judicial, específicamente en cuanto atañe al proceso penal, pero la pregunta es si con ello se logrará con ello un sistema de enjuiciamiento criminal que responda adecuadamente a las necesidades de justicia en la época actual tal como esta es percibida por las personas y otra de las preguntas es si ciertamente llegará la justicia a todos los estratos sociales.

El problema lo enfocaremos desde el punto de vista de los derechos que le deben ser reconocidos y garantizados al imputado de un delito, de forma que debemos señalar que el sistema de instrucción criminal que aún rige en gran parte del Estado y de la Nación, se cuestiona desde la perspectiva de los derechos que al respecto se consagran en los tratados internacionales, fundamentalmente porque en la etapa más importante y que caracteriza a nuestro modelo de enjuiciamiento criminal, por lo que no existe un "juicio" propiamente tal en que se sostengan equilibradamente por un lado el ejercicio de la acción penal que representa el poder punitivo estatal y, del otro, la defensa del Imputado, pues en esta etapa no se reconocen realmente derechos al imputado y en él se estructura de tal forma el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado que ella aparece como la finalidad preeminente de este período, traducida en el logro de la aclaración del hecho punible investigado y su sanción, sin un contrapeso que pudiere representar los intereses que necesita hacer valer el imputado frente al Estado.

El proceso penal adolece de fallas estructurales pues sus instituciones resultan inconciliables con las exigencias de un Estado de Derecho, la democracia y las normas internacionales sobre derechos humanos; de allí que se debe enfocar el problema globalmente y no solo como un mero cambio referido al trámite del procedimiento o un cambio con una visión técnico-administrativa.

En punto a ir a la reforma de toda nuestra legislación para adecuar el proceso penal a las exigencias internacionales sobre derechos humanos debe partirse de la base y hacerse cargo de las fallas fundamentales que presenta dicha legislación a la luz de estas últimas normas, pues ellas proporcionan los lineamientos básicos para configurar un sistema adecuadamente "garantista", que asegure efectiva y eficazmente la vigencia de los derechos humanos de los imputados.

Como una opinión generalizada se sostiene que el "modelo que mejor vela por el respeto de los derechos de los imputados durante la etapa de instrucción es el sistema auténticamente acusatorio, que representa una solución equilibrada en la cual son considerados debidamente no solo el interés estatal en el esclarecimiento y sanción de los hechos delictivos, sino que también, y con el mismo vigor, los derechos de las personas". En efecto, en este nuevo sistema los derechos del imputado deben ser resguardados por el Juez de Control de la Instrucción quien deberá cumplir tal papel en el nuevo sistema a implementarse en nuestro país, debiendo asumir para ello la función de controlar que la investigación a cargo del Ministerio Público se lleve a cabo conforme con la ley, asegurando especialmente el respeto de los derechos que le corresponden al imputado durante la etapa preparatoria del juicio.

El sistema constitucional de derechos humanos cuya concreción encontramos desarrollada en el catálogo del Capítulo III de la Carta Fundamental de 1980, reforzado desde 1989 con los derechos y garantías contemplados en los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por nuestro país y que se hallen vigentes, incluye entre aquellos que se aseguran a todas las personas derechos fundamentales a los cuales nos interesa remitirnos en este estudio como son: la igualdad en el ejercicio de los derechos y la igualdad ante la justicia, y la libertad personal y la seguridad individual. La consagración de tales derechos nos conduce al estudio y análisis de su contenido esencial, y allí debemos considerar, en primer término, que a toda persona se le reconocen otorgándosele el amparo constitucional un conjunto de derechos destinados a asegurar la igualitaria protección en el ejercicio de sus derechos, la seguridad de que tendrá expedito acceso a la defensa jurídica, de que en caso de conflicto se le garantice un justo proceso, y la presunción de inocencia y respecto de su libertad personal, desde luego las garantías que le asisten para disfrutar de la más amplia libertad de residir y permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de un punto a otro y entrar y salir del territorio nacional respetando eso sí las normas legales pertinentes y sin que con ello se lleguen a vulnerar derechos de terceros.

Una de las conclusiones más importantes que desprendemos del estudio realizado, es en cuanto a que la Reforma Procesal Penal que está en vías de materializarse en todo el territorio de nuestro país, no es en ningún caso, y así la entendemos, una transformación meramente "procedimentalista", con miras a darle validez formal a un determinado procedimiento, sino que con el objetivo fundamental y exclusivo de que, con ello, se aseguren los derechos constitucionales de los intervinientes en el proceso, no sólo debe buscarse satisfacer total o parcialmente la necesidad de Justicia, sino que ello debe alcanzarse con pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todos los intervinientes en el proceso, sean víctimas, victimarios o testigos.

El derecho de defensa se contempla para el imputado, en el nuevo código del ramo, en todas las actuaciones del proceso desde el inicio mismo de la investigación y no solo hasta el fin del juicio penal con la sentencia, sino que hasta la ejecución de la sentencia, haciendo valer oportunamente las pruebas que desee allegar en punto a acreditar los fundamento de sus alegaciones y defensas para obtener un pronunciamiento favorable del tribunal. Si el imputado no designa aun antes de su primera declaración judicial un defensor de su confianza el tribunal deberá nombrarle un defensor público de oficio y solo se le permitirá defenderse a sí mismo en forma personal, si el tribunal estima que con ello no perjudica su defensa, pues de lo contrario deberá preocuparse de que cuente con una defensa técnica apropiada en todas las actuaciones en que ella sea necesaria dada la complejidad del proceso. Se tendrá presente que aquellas actuaciones verificadas sin la intervención del defensor, debiendo estar presente, adolecen de nulidad y no podrán ser invocadas en la sentencia como pruebas para fundar el fallo.

En suma, el proceso penal Mexicano requería desde hace mucho tiempo una reforma como la que ha sido encarada y está en vías de ser realidad en todo su territorio durante los primeros años del tercer milenio, porque se han demostrado tan reiteradamente sus debilidades, que hoy día casi a nadie le cabe la menor duda que requiere un cambio de la envergadura del que se acerca, pues en el proceso penal, en definitiva, hay una serie de problemas que no derivan de la buena o mala voluntad de los participantes en el proceso, sino que constituyen problemas estructurales del sistema inquisitivo mexicano, que condicionan sustancialmente en rol de los actores y que en definitiva conducen a una violación permanente de los derechos humanos.