JUICIO DE NULIDAD

29.04.2015 20:29

INTRODUCCION

                Una vez
que el contribuyente agoto los recursos administrativos en los que proceda el
principio de definitiva, si la autoridad no emitió una resolución
satisfactoria,  el contribuyente podrá
interponer el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. Con la finalidad de obtener una modificación, suspensión o una
nueva resolución que le llegara a poder beneficiar en lo que a sus intereses
convenga.

                En este
tema se definirá y se desglosara en que consiste el Juicio de Nulidad, las
autoridades competentes para resolver , las partes que pueden participar en
dicho Juicio, la Demanda y el contenido y los incidentes que pudiesen
interponerse en el mismo proceso.

PALABRAS CLAVE

                Juicio
Nulidad, Demanda, Requisitos, Incidentes, Autoridad, Partes.

ABSTRACT


           Once the
taxpayer sold out administrative remedies where appropriate the beginning of the end, if the
authority has not given a
satisfactory resolution, the taxpayer may file the judgment of
annulment before the Federal Court of Fiscal
and Administrative Justice. In order to
obtain a modification, suspension or a
new resolution that can benefit
reached on what suits
their interests.
This topic will be defined and be broken down into consisting
Judgment of Nullity, the
competent authorities to resolve, the
parties may participate in the
trial, Demand and
content and incidents that could
stand in the same process.

KEYWORDS
Nullify Trial, Application, Requirements, Incident, Authority, Parties.

DESARROLLO

 

 

JUICIO
DE NULIDAD O PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

1.   
CONCEPTO
DE JUICIO DE NULIDAD

El  juicio de nulidad es el proceso mediante el
cual el contribuyente al no verse satisfecho por la resolución de algún recurso
administrativo, ejerce su derecho de demandar la nulidad del acto que recurre
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto es lograr el
objeto de anular una resolución que impone una carga fiscal.

El
diccionario fiscal no lo define como: "Proceso seguido ante el tribunal fiscal
de la federación (ahora tribunal federal de justicia fiscal y administrativa),
para resolver las controversias que se suscitan entre los contribuyentes y las
autoridades fiscales y administrativas."[1]

2.   
ORGANIZACIÓN
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Dentro del Poder Judicial
Federal se encuentran jerárquicamente la SCJN, Tribunal Federal Electoral,
Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados
de Distrito, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Superior de Justicia.

La SCJN  sesiona en Pleno o en Salas; tiene Primera y
Segunda Sala:

La Primera Sala conoce de materia civil y penal; la Segunda
sala conoce de materia administrativa y laboral.

El Pleno de la SCJN, conoce de materia fiscal y de todo
lo demás que no conozcan ninguna de las Salas.

 

3.   
DE
LA COMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL.

 

El
artículo 104 de nuestra Ley Fundamental en su fracción I, en relación con: el
artículo 73 fracción XXIX-H, y el artículo 1 de la Ley Orgánica del tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hacen referencia a la creación,
atribuciones y competencia de dicho Tribunal:

"Corresponde
e los Tribunales de la Federación conocer:

I.         
De todas las controversias del orden civil o
criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes
federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Cuando dichas controversias sólo afecten interés particulares, podrán conocer
también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común
de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia
podrán ser apelables ante la superior inmediato del juez que conozca del asunto
en primer grado."

Asimismo, el artículo
73, fracción XXIX-H del mismo ordenamiento señala:

"El congreso tiene facultad:

XXIX-H. Para expedir leyes que
instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena
autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las
controversia que se susciten entre la administración publica federal y los
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento,
el procedimiento y los recursos contra resoluciones."

ARTICULO 1. El tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo, dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta
Ley establece.

            "Como
antecedentes del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
podemos citar que de acuerdo con la Constitución Federal de 1857, las
cuestiones de lo contencioso administrativo se manejaban por medio de los
tribunales de la Federación, y no es hasta 1927 que se promulga la Ley de la
tesorería de la Federación que establecía un juicio de oposición, tratándose de
cuestiones fiscales, dicho juicio de oposición llevaba a cabo ante los juzgados
de distrito.

            En
1936 se promulga la Ley de Justicia Fiscal, en la que se crea el Tribunal
Fiscal de la Federación, teniendo como resultado que a partir de esa fecha,
sean los tribunales que forman parte del Poder Ejecutivo los encargados de
dirimir situaciones fiscales, y no los juzgados del Poder Judicial, y en 1939
entra en vigor el Código Fiscal de la federación que sustituye a la Ley de
Justicia Fiscal, para que posteriormente en el 2005, sea derogado su titulo
Sexto del Juicio Contencioso Administrativo para dar paso a la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

            Ahora
bien, debido a ciertos cambios, respecto al fundamento del Tribunal y que
obedecen a que dicha institución no solamente se ocupa de dirimir cuestiones
fiscales, sino también de otros organismos de la federación, se cambia su denominación
de Tribunal Fiscal de la Federación a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, esto algunos años atrás.

            El Tribunal de comento, además tiene
las características de ser un tribunal jurisdiccional, cuyas resoluciones son
de plena nulidad."[2]

            El
artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa nos menciona la competencia, es decir que el órgano conocerá de
los juicios que se promueven contra resoluciones definitivas:

ARTÍCULO 14.- "El Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan
contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que
se indican a continuación:

I.  Las dictadas por autoridades fiscales
federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de
una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su
liquidación; 

II.  Las que nieguen la devolución de un ingreso
de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido
por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III.  Las que impongan multas por infracción a las
normas administrativas federales;

IV.  Las que causen un agravio en materia fiscal
distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V.  Las que nieguen o reduzcan las pensiones y
demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del
Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o
derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas
personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando
para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número
de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió
ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su
situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de
la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones
de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios  militares, las sentencias del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la
determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios
militares corresponda, o a las bases para su depuración;

VI.  Las que se dicten en materia de pensiones
civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII.  Las que se dicten en materia administrativa
sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal;

VIII.  Las que nieguen la indemnización o que, por
su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de
resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las
leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de
responsabilidad patrimonial del Estado;

IX.  Las que requieran el pago de garantías a
favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así
como de sus entidades paraestatales;

X.  Las que traten las materias señaladas en el
artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI.  Las dictadas por las autoridades
administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una
instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo;

XII.  Las que decidan los recursos administrativos
en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este
artículo;

XIII.  Las que se funden en un tratado o acuerdo
internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito
por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que
no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. 
Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en
este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la
Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones
aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que
nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución
positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas
materias.

No
será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en
los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro
o anotación ante autoridad administrativa;

XV.   Las sanciones y demás resoluciones emitidas
por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

XVI.   Las señaladas en las demás leyes como competencia
del Tribunal.

Para los efectos del primer
párrafo de este artículo, las resoluciones se 
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o
cuando la interposición de éste sea optativa. 

El Tribunal conocerá, además
de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y
acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean auto
aplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer
acto de aplicación.

El
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios
que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones
administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones
sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia."[3]

 


DISPOSICIONES
GENERALES


 

Los  Juicios que se promuevan ante el tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones
de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

Cuando la resolución recaída
a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y
éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se
entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que
continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no
planteados en el recurso.

Asimismo,
cuando la resolución de un recurso administrativo declare por no interpuesto o
lo deseche por improcedente, siempre que la sala Regional competente determine
la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en
contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer
conceptos de impugnación no planteados en el recurso.


 

1.   
ÁMBITO
DE APLICACIÓN.

El juicio de nulidad es
procedente para impugnar decisiones de la autoridad administrativa, por lo
tanto, también es ineficaz para impugnar decisiones de autoridades de otro
tipo.

Además
será procedente el juicio de nulidad siempre que se trate de supuestos en los
que el Tribunal es competente para conocer y que se reglamentan en el artículo
14 de la Ley orgánica del TFJFA.

                                                       

 

 

 

DE
LA DEMANDA


 

1.    PARTES EN EL JUICIO

Al
hablar de partes en el juicio me refiero a los sujetos que pueden tener
participación dentro del Juicio de Nulidad y el papel que desempeñan cada  uno de ellos.

El
artículo 3° de la ley Federal de Procedimiento Administrativo establece como
partes en el juicio contencioso administrativo:

I.     Al
demandante o el actor. "En este caso se trata de la persona física o moral a
quien lesiona la resolución administrativa impugnada en sus derechos o
pretensiones legítimamente tutelados por la legislación positiva, lo que le
otorga el interés jurídico para poner en movimiento la acción jurisdiccional
del Tribunal Fiscal de la federación y obtener una sentencia favorable:




 

II.           
A los demandados. Tienen el carácter de
tales:

a)    La
autoridad que dicto la resolución impugnada

b)    El
particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la
autoridad administrativa.

c)    El
jede del Servicio de Administración tributaria o titular de la dependencia o
entidad de la Administración Pública federal, Procuraduría General de la
República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que
deprenda la autoridad mencionada en la fracción anterior.

d)    La
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que podrá apersonarse en juicios en
que se controviertan actos de autoridades federativas coordinadas, emitidos con
fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación en ingresos
federales. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como
parte en otros juicios en que se controvierta el interés fiscal de la
Federación dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada.

e)    Al
tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante."[4]

2.    DE LA DEMANDA

Siguiendo
con mi análisis y habiendo quedado explicadas las cuestiones que se pueden
considerar como preliminares, vayamos al proceso que en si debe seguirse ante
el TFJFA. Una vez que no hay obstáculo alguno y encuadra en todos los puntos y
aspectos requeridos para su procedencia. El primer momento para que se
considere iniciado el Juicio de Nulidad será la presentación de la demanda, mismo
que se deberá promover con las siguientes condiciones:

2.1.       
Término.

El
término para presentar la demanda será dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución
impugnada, directamente, por escrito ante la Sala regional competente del
Tribunal Fiscal de la federación. El término de los cuarenta y cinco días podrá
suspenderse hasta por un año, según lo determina el párrafo cuarto del artículo
13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sólo en caso
de muerte del interesado si antes de ese término no se ha aceptado el cargo de
representante de la sucesión.

2.2.       
Requisitos de la demanda según la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO
14.- "La demanda deberá indicar: 

I.   El nombre del demandante, domicilio fiscal y
su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la
Sala Regional competente, así como su dirección de correo electrónico, cuando
opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia
en Línea.

 La indicación de que se tramitará en la Vía
Sumaria. En caso de omisión, el Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía
en los supuestos que proceda de conformidad con el Título II, Capítulo XI de
esta Ley, sin embargo no será causa de desechamiento de la demanda, el hecho de
que está no se presente dentro del término establecido para la promoción del
Juicio en la Vía Sumaria, cuando la procedencia del mismo derive de la
existencia de alguna de las jurisprudencias a las que se refiere el
antepenúltimo párrafo del Artículo 58-2; en todo caso si el Magistrado Instructor,
antes de admitir la demanda, advierte que los conceptos de impugnación
planteados por la actora tienen relación con alguna de las citadas
jurisprudencias, proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del
Juicio en la Vía Ordinaria.

II.  La resolución que se impugna. En el caso de
que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general,
precisará la fecha de su publicación.  

III.  La autoridad o autoridades demandadas o el
nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por
la autoridad administrativa.  

IV.  Los hechos que den motivo a la demanda. 

V.  Las pruebas que ofrezca.

 En caso de que se ofrezca prueba pericial o
testimonial se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los
nombres y domicilios del perito o de los testigos.

En caso de que ofrezca
pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que
se haya dictado la resolución impugnada.

            Se
entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información
relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha
documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos
administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del
expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor,
salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será
remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cuál estará en la Sala correspondiente
a disposición de las partes que pretendan consultarlo.  

VI.   Los conceptos de impugnación. 

VII.  El nombre y domicilio del tercero interesado,
cuando lo haya.  

VIII.   Lo que se pida, señalando en caso de
solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se
demanda.

En cada demanda sólo podrá
aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de
resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más
personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en
una sola demanda.

En los casos en que sean dos
o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.

En la demanda en que
promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior,
el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de
cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que
de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

Cuando se omita el nombre
del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado
Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los
datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado
Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de
cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada
la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

 Si en el lugar señalado por el actor como
domicilio del tercero, se negare que sea éste, el demandante deberá
proporcionar al Tribunal la información suficiente para proceder a su primera
búsqueda, siguiendo al efecto las reglas previstas en el Código Federal de
Procedimientos Civiles.

En
el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir
notificaciones conforme a lo dispuesto por la fracción I, de este artículo, las
que corresponda hacérsele en el mismo, se efectuarán por Boletín Electrónico."[5]

ARTÍCULO
15.- "El demandante deberá adjuntar a su demanda:

I.
Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II.
El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue
reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del
documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en
nombre propio.  

III.
El documento en que conste la resolución impugnada.

IV.
En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá
acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no
resuelta expresamente por la autoridad.

V.
La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI.
Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido
practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando
la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al
contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de
notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo
previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo
previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la
notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación
de la referida resolución.

VII.
El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el
demandante.

VIII.
El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir
firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo
44 de esta Ley. 

IX.
Las pruebas documentales que ofrezca.

            Los
particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que
fueron considerados en el procedimiento administrativo como información
confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de
cerrar la instrucción.

            Cuando
las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que  legalmente se encuentren a su disposición,
éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa
se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea
legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los
documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con
que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco
días antes de la interposición de la demanda. 
Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos,
cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las
constancias.

 Si no se adjuntan a la demanda los
documentos  a que se refiere este
precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los
presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente
dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones
I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a
que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no
ofrecidas.

            Cuando
en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la
fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial
proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las
facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la
Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha
información.

La
información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a
disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones,
salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46,
fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del Código Fiscal
de la Federación."[6]

           

3.    EFECTOS JURIDICOS PRODUCIDOS POR LA INTERPOSICION DE LA
DEMANDA.

1.   
"El reconocimiento por parte del demandante, de la
competencia territorial del Tribunal ante el cual presentó el escrito inicial.

2.   
La imposibilidad de iniciar un proceso sobre el mismo litigio
ante el mismo tribunal o ante tribunal diverso.

3.   
La suspensión del plazo para que se consuma la caducidad de
las facultades de autoridades fiscales, caso en el cual se reiniciará el
cómputo una vez fallado el litigio.

4.   
La suspensión de los efectos jurídicos que dimanen de una
resolución de autoridad administrativa, si esta tiene carácter meramente
declarativo, entre tanto se dicta sentencia.

5.   
Facultad al demandante para solicitar la suspensión del acto
impugnado, cuando lleve aparejado un principio de ejecución sobre sus
bienes  siempre que garantice el importe
de las cantidades que en su caso se le exijan.

6.   
Admitida la demanda, se corre traslado de ella al demandado a
quien se emplaza para que la conteste."[7]

4.    AMPLIACION DE LA DEMANDA ( Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo)

ARTÍCULO 17.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de
los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del
acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

 I. Cuando se impugne una negativa ficta.

 II. Contra el acto principal del que derive la
resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a
conocer en la contestación.

 III. En los casos previstos en el artículo
anterior.

 IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan
cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas
por el actor al presentar la demanda.

 V. Cuando la autoridad demandada plantee el
sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.

 En el
escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el
juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el
traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.

 Cuando
las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se
encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en
el tercer párrafo del artículo 15 de esta Ley.

 Si no se adjuntan las copias a que se refiere
este  artículo, el Magistrado Instructor
requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo  de cinco días. Si el promovente no las
presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada  la ampliación a la demanda. Si se trata de
las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos,
a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del artículo 15 de esta Ley,
las mismas se tendrán por no ofrecida.


CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.


 

1.   
TÉRMINO
PARA PRESANTAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El
término para la contestación de la demanda como lo marca  la LFPCA en su artículo 19, nos dice que el
demandado tendrá el término de 45 días para contestar la demanda, tomando en
cuenta desde el día en que surte efectos el emplazamiento.

2.   
ELEMENTOS
O REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA CONTSTACIÓN DE LA DEMANDA.

Artículo
20.-El demandado en su contestación expresará:

I.             
"Los incidentes de previo y especial
pronunciamiento a que haya lugar.

II.           
Las consideraciones que, a su juicio, impidan
se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o que ha
extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda.

III.          
Se referirá concretamente a cada uno de los
hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos,
expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron,
según sea el caso.

IV.         
Los argumentos por medio de los cuales se
demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación.

V.          
Los argumentos por medio de los cuales
desvirtúe el derecho a indemnización que solicite la actora.

VI.         
Las pruebas que ofrezca.

VII.        
En caso de que se ofrezca prueba pericial o
testimonial, se precisaran los hechos sobre los que deban versar y señalarán
los nombres y domicilios del perito o de los testigos.  Sin estos señalamientos se tendrá por no
ofrecidas dichas pruebas."[8]

3.   
ANEXOS
QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El
artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- el
demandado deberá adjuntar a su contestación:

I.             
Copias de la misma y de los documentos que
acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda.

II.           
El documento en que
acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione a
nombre propio.


III.          
 El cuestionario que debe desahogar el perito,
el cual deberá ir firmado por el demandado.


IV.      
  En su caso, 
la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida
por el demandante.


 


V.          
Las pruebas documentales
que ofrezca."[9]


 

4.   
CONTESTACIÓN
DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.

Tratándose
de la contestación de la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también
los documentos previstos en el artículo anterior, excepto aquellos que ya se
hubieran acompañado al escrito de la contestación de la demanda.

            Para contestar la ampliación de la
demanda tendrá un término de veinte días siguientes a aquel que surtan efectos
la notificación del acuerdo que admita l ampliación. Si  no produce la contestación a tiempo o ésta no
se refiere a todos los hechos, se tendrán por ciertos los que el actor impute
de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hecho
notorios resultes desvirtuados.

 


INCIDENTES EN EL JUICIO DE NULIDAD


 

I.             
 CLASIFICACIÓN.

La
regulación del trámite de incidentes está contenida en los artículos 29 al 39
de la LFPCA. La palabra "incidente" viene del latín  incido,
incidere, incides.
Es el procedimiento establecido para resolver cualquier
cuestión, que, con independencia de lo principal, surja en el proceso. Los
incidentes son pequeños juicios que tienden a resolver controversias de
carácter adjetivo, que tienen relación inmediata y directa con el asunto
principal, de ahí su trascendencia.

ARTÍCULO
29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y
especial pronunciamiento:

I.   La incompetencia por materia.

II.   El de acumulación de juicios.

III.   El de nulidad de notificaciones.

IV.   La recusación por causa de impedimento.

V.   La reposición de autos.

VI.   La interrupción por causa de muerte,
disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad.

Cuando
la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo
promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario
vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal.

Dionisio
J. Kaye nos dice que se distinguen dos tipos de incidentes:

1.    "Los
de previo y especial pronunciamiento: suspende el juicio hasta que se dicte la
resolución correspondiente.

2.    Los
que no son de previo y especial pronunciamiento: permiten que continúe el
proceso."[10]

I.             
Incompetencia por razón del territorio.

Este
incidente ocurre cuando la demanda se presenta ante una sala distinta de la que
debe conocer el asunto por ser ésta última competente en razón del territorio,
es decir, según el domicilio de una de las partes.

II.           
El de Acumulación de Juicios.

Tiene
lugar cuando existen dos o más juicios pendientes de resolución en los que las
partes sean las mismas, que se expongan los mismos agravios, que el acto
impugnado sea el mismo, que se impugnen unos actos que sean unos antecedentes o
consecuencia de los otros.

III.          
El de nulidad de notificaciones.

Ocurre
cuando las notificaciones no fueron elaboradas apegándose a lo reglamentado en
el mismo CFF en sus artículos 134 al 140 t por lo tanto son nulas.

IV.         
La recusación por causa de impedimento.

Hay
ocasiones en que los Magistrados competentes para conocer del asunto, o los
peritos especializados en materia de controversia, llegan a tener relación con
alguna de las partes, pueden ser familiares, amigos o enemigos de alguna de las
partes, o contar con alguna razón que pudiera afectar su imparcialidad en el
conocimiento del juicio, es en estos supuestos que pueden ser recusados, es
decir, que se les disculpa que no conozcan del asunto y se les sustituirá según
el procedimiento establecido.

V.          
Reposición de autos.

VI.         
El de interrupción por causa de muerte,
disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia.

Se
podrá interrumpir el juicio  por las
causas señaladas por un plazo no mayor a un año y si en este plazo no comparece
el albacea, representante legal o tutor, se podrá reanudar el juicio y las
notificaciones se harán mediante lista al representante de la sucesión o de la
liquidación, según se aplique.

 

CONCLUSION

            En comparativa con los recursos
administrativos de los que ya había tratado anteriormente, en lo que respecta
al marco normativo de este Juicio de Nulidad ha contemplado y facultado al
contribuyente para tener un acceso a un debido proceso ya que ahora se presenta
ante una autoridad distinta y competente con la capacidad de resolver el asunto
que la autoridad antecesora no logro estudiar a fondo o simplemente no convenía
a sus intereses como institución, ahora el contribuyente tiene la posibilidad
de estar en una posición de balance ante la autoridad.

            Con estas herramientas que la ley
dota a los contribuyentes se obtiene una mayor y justa impartición de justicia
y la apertura futura a que en caso de no ser resuelto a los intereses del
contribuyente tendrá acceso al Juicio de Amparo.

           






[1]
Hugo Carrasco Iriarte, Diccionario de derecho
fiscal. editorial Oxford pág. 301



[2]
Humberto Gallegos Reyes, Los Juicios de Nulidad y Amparo en Materia Fiscal, Ed.
ISEF ediciones fiscales. Segunda Edición, 2007, Pp. 44-46



[3]
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. Art. 14



[4]
Sánchez Pichardo, Alberto. Op. Cit. Pp. 401-404



[5]
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Art. 14.



[6]
Idem. Art. 15



[7]
Manual del Justiciable, Materia Administrativa. SCJN. Poder Judicial de la
federación, 1° ed. México 2003. Pp. 54-55.



[8] Humberto
Gallegos Reyes, Op. Cit. Pp. 83-84



[9]
Idem. P.84



[10]
Dionisio J. Kaye, Derecho Procesal Fiscal. Ed. Themis. México, 1991. P.258