LA DEMOCRACIA DE LOS TRIBUNALES

16.10.2013 09:26

  

                            Me llamó la atención el tema, dado que colaboro para el Poder Judicial del Estado, lugar en el que he desempeñado varios cargos en apoyo de magistrados y jueces.

                            En mis inicios destacaban como jueces en especial con magistrados quienes a su vez eran catedráticos de la Universidad Autónoma de Zacatecas quienes además de ser mis jefes como yo les digo eran mis maestros, gente muy reconocida en la sociedad de Zacatecas tanto por su preparación como por su honestidad y de llevar una vida sin escándalos prudentes de sus actuares, quienes no permitirían o admitirían cambios en la independencia de jueces, o de una verdadera división de poderes pues ellos se debían al Gobernador quien los había designado al cargo, trabaje con cuatro Magistrados dos de ellos siempre me afirmaron que ni el Gobernador ni persona extraña le había ordenado o solicitado menos sugerido resolver en un sentido diverso el proyecto de un caso, contrario a los Jueces quienes se ven nerviosos, pensativos y hasta preocupados al recibir una llama de cualquiera de los Magistrados para preguntarles solo para preguntar sobre alguno de los juicios que se tramiten en el juzgado.

 

                            Señalo lo anterior porque existe una subordinación de Magistrados sobre jueces siendo una de las miles sencillas razones que los Magistrados deciden sobre los cambios de adscripción de los Jueces o bien son quienes visitan físicamente los juzgados revisando personalmente una serie de expedientes.

 

                   El antecedente de la División de Poderes, que toma como base nuestra constitución nace de la época clásica (del siglo XVII y XVIII) en que Inglaterra  estaba gobernada  por la corona teniendo una autoridad absoluta del rey.

                            Aplicando la TEORIA DE PODERES Montesquieu el elemento para combatir el despotismo y absolutismo convirtiéndose en una condición para los constituyentes la inclusión de división de poderes (como garantía de libertad) para lograr el cambio del régimen monárquico al nuevo.

                            Montesquieu, convirtió el principio de libertad, inspirado por la lenta pero segura conquista de Libertades públicas, lograda por el pueblo Inglés durante siglos de confrontación con la autoridad absoluta del rey, en la que se consigue una concesión grandiosa del soberano a determinados súbditos y se documentaban en cartas. (Calificativo de “Magnas”), en las que se consagró dos principios:

 

  • Respeto de la autoridad a los derechos de las personas.
  • La sumisión del Poder Público a un conjunto de normas denominadas common law.

 

                            La teoría de poderes de Montesquieu determinaba que cada poder tendrá:

  • Las competencias distintas y separadas
  • Ser independientes
  • E Iguales los unos respecto a los otros

                           

                            Llamado “sistema de Frenos y contra pesos, o teoría de la balanza y del equilibrio de poderes”.

                            La Teoría de la División de Poderes de Montesquieu fue criticada en esencia al advertir que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ningún modo se encuentran separados entre sí.

                            Por su parte México en el siglo XIX toma de referencia esto y crea un cuarto poder el Supremo Poder Conservador en términos de la segunda Ley Constitucional del treinta de diciembre de 1836, encargado de mantener el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro de la órbita de sus facultades constitucionales y de velar por el estricto cumplimiento de la leyes constitucionales.

                            Hoy en día, en la mayoría de los países que mantienen el principio constitucional de división de poderes  en la práctica ha resultado imposible implantar el sistema de equilibrio de poderes que opere con armonía, tanto el régimen parlamentario como en el presidencialismo aún y cuando lo prediquen ya que su estructura política misma exige asignar poderes suficientes o uno de los órganos estatales, para posibilitar la conducción eficaz y ordenar a la nación dando así la primacía de un poder sobre otro.

 

                            Pues tenemos que en el Parlamento es necesaria la estrecha relación entre los poderes legislativo y ejecutivo en el que se afirma la subordinación del ejecutivo sobre el legislativo.

 

                            En el Presidencialismo se da una mayor separación de poderes entre el legislativo y ejecutivo dado que el ejecutivo es elegido por la ciudadanía, lo que hace independiente por si al legislativo, ahora que el legislativo y el poder judicial se encargan de ejercer efectivamente las facultades de control que constitucionalmente se les ha atribuido a efecto de garantizar el Estado de Derecho y llamado principio de poderes, dado que este control constitucional, es el encargado de definir el alcance del texto fundamental y de definir los criterios para mantener a los órganos estatales dentro de la órbita competencial.

 

 

 

 

 

 

 

LA FUNCION JURISDICCIONAL

 

 

                            La palabra Jurisdicción proviene del latin iuridictio que se forma de la locución IUS DICIERE, literalmente significa “decir o indicar el derecho”.

                            Este significado etimológico es muy limitado dado que no permite determinar el carácter específico de la jurisdicción, pues no define el concepto de jurisdicción el en Estado constitucional democrático de derecho pues no implica sólo decir o indicar el derecho sino crearlo, por parte del Juzgador.

                            Aunque en el sistema que procedió al Estado constitucional democrático de derecho, existió la idea que la Jurisdicción era una actividad de “aplicadora” del derecho y que los jueces no podían crearlo en ningún caso porque lo impedía, según dicha concepción, el principio de la división de poderes.

                            Sin embargo, desde épocas muy tempranas se sostuvo que la función jurisdiccional democrática del derecho no se limitaba con la aplicación del derecho, sino que implica también creación del derecho por parte del Juzgador y esa actividad era creativa.

                            La Jurisdicción desde la Teoría Procesal Clásica:

                            Francesco Carnelutti. Propone distinguir según su finalidad tres tipos fundamentales de proceso civil, que son:

  • Formación del mandato (jurisd stricto sensu)
  • Ejecución
  • Aseguramiento (estas dos últimas en su medida de previsión).

 

                            Piero Calamdrei, simplifica en dos formulaciones:

  • Formulación para el caso singular.
  • Formulación por clase.
  • Formulación por legal.

                            Teniendo que la posición del juez varía según predomine uno u otro método de formulación del derecho y sería diverso el contenido de la fundación jurisdiccional.

                            En el Estado, donde predomine la formulación del derecho para el caso singular  (jurisdicción de equidad), el juez no encuentra una norma preconstituida de la cual pueda lógicamente deducir en forma individualizada y concreta, el mandato. En este sistema el juez debe tener criterios de decisión de conciencia o de su sentimiento de equidad natural.

                            En el Estado,  donde predomine la formulación legal, las fuerzas políticas de donde proviene el derecho se monopoliza por parte de órganos en cargos de formular las leyes órganos legislativos, los que cumple la función legislativa, los que cumplen la función de tamizadores que preparan la certeza positiva de la condición jurídica y el juez debe aceptar sin discutir, este sistema es tajante al dividir la justicia y la política.

                            En un Estado, donde predomine la formulación del derecho para que el caso singular, el juez no encuentre una norma preconstituida de la cual pueda deducir en forma individualizada y concreta. En este sistema el Juez debe obtener criterios de decisión de su conciencia o de su sentimiento de equidad natural, viene siendo un creador del derecho, siendo su actividad pre jurídica esencialmente política.

                            La doctrina identifica en la historia del pensamiento jurídico varias concepciones sobre la naturaleza de la función judicial de los que destacan.

                            Modelo silogístico, se sustentan en que el Juez no está sometido más que a la ley. El poder ejecutivo no tiene nada que decir o hacer en cuanto al poder judicial como tal.

                            Modelo Realista.- Las decisiones de los jueces son productos de sus apetencias personales y de sus conciencias subjetivas. El juez primero decide y luego justifica sus decisiones mediante normas que localiza del marco existente o las creas.

                            Modelo de Dworkin, sobre la respuesta correcta, el Juez siempre encuentra la respuesta correcta en el derecho preestablecido, lo que hace carecer de decisión por lo tanto de poder político, el juez carece de discreción y por lo tanto de poder político, la verdadera respuesta correcta corresponde a la teoría que es capaz de justificar del mejor modo los materiales jurídicos vigentes. El juez siempre está subordinado a la ley y al Derecho, el poder judicial es nulo su función es garantizadora de derechos.

                            Las teorías incompatibles coinciden en que debe de existir un margen para la actuación discrecional del juzgador, pero el alcance de ese margen difiere dependiendo de la postura teoría en que se limite, dado que para algunos no debe pasar los límites para localizar la “respuesta correcta” del caso, mientras que para otros puede tener libertades para decidir, incluyendo la posibilidad de justificar su actuación en principios extrajurídicos.

                            En el Estado Moderno, el juez tenía un margen de mayor libertad para obtener la norma que serviría de fundamentos para dirimir los conflictos sometidos a la jurisdicción, toda vez que dicha norma podía extraerla de la costumbre o de la razón. (Derecho natural) o bien de los textos jurídicos reconocidos por los órganos que representan el poder, acotándose la referencia normativa del juez, al exigirle a éste realizar su función exclusiva con base en las normas emitidas o reconocidas por el Estado. Agregando la función coactiva a la judicial, procediendo el propio estado a ejecutar las decisiones del Juez.

                            La Teoría General del Garantismo.- el Juez se vuelve un garante del Derecho de las personas frente a los actos contrarios a los derechos fundamentales reconocidos en el sistema constitucional del derecho, su legitimación no tiene nada que ver con la democracia política o representativa.

                            En ese sentido el principio de igualdad y de legalidad se conjugan, su segundo fundamento político de independencia del juez “su función de Averiguación de la verdad procesal, según las garantías del Justo proceso.

                            Se ha visto que el arbitrio judicial se modera con el principio de imparcialidad que debe imperar como un criterio interno en la decisión judicial. El mejor modo de verificar la “legalidad” de la decisión tiene lugar mediante el control de la motivación, valido por la argumentación siendo está plenamente jurídica y dirigida a justificar una solución correcta, aunque cabe señalar que también tiene sus deficiencias.

                            De la función judicial como acción pública existe una doctrina jurídica para la cual resulta una falacia que el juez en todas sus épocas extrae sus decisiones de normas preconstituidas., dado que se han dado casos donde los juzgadores abiertamente emiten subjetivas de un sentimiento de hombre político que vive y participa en sociedad, etcétera.

                            Ferrajoli, postula la teoría del garantismo, en el que el derecho fundamental sería el límite para la actuación discrecional del legislador o de la política y la Judicial sería una función garantizadora de la prevalencia del derecho, terminando la pugna de que si los Jueces deben o no actuar en la política.

                            La función judicial como activismo, la línea de argumentación se partía de que el principal referente de la legitimidad del sistema político era la soberanía popular por lo que las decisiones de los órganos del Estado cuyo mandato es por elección popular tienen una preferencia, los de los magistrados judiciales su elección es tecnológica.

                            La función judicial como autocorrección, la segunda línea argumentativa se partía de la preferencia de las decisiones de los órganos representativos por la de los jueces de mayor control de las primeras por el electorado varían. Las decisiones judiciales son adoptadas por autoridades sin responsabilidad política, cuyo cargo se extiende, salvo contadas extensiones de manera vitalicia. Aquí, la consecuencia de la autocorrección de los jueces se acentúa la subordinación del poder judicial respecto a los otros poderes públicos.

                            Se sustenta el activismo en que para que el Poder Judicial protagonice o sea más activo es bajo el sustento del Estado Constitucional Democrático de salvaguardar la supremacía de la constitución.

                            Otra vertiente en defensa del activismo judicial de los corrientes de división de poderes, mediante la cual acuden a la noción del Estado de Derecho, es decir, la función del Poder Judicial, es la de garantizar el “gobierno de las reglas” y no el “gobierno de los hombres o bien la sumisión del Gobierno  del Derecho.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FUNSION DE UN JUEZ.

 

                            La doctrina tradicional que la ley distingue del acto jurisidcional por caracteres de generalidad, abstracción y novedad, además de que es una volución general en cuanto no se dirige a regular un caso, sino toda una serie de casos similares en numero indefinido.

 

                            Una volución abstracta en cuanto no regula casos ya concretamente verificados en la realidad, sino considerados en la hipótesis como posibles en el futuro.

 

                            Es inovativa en cuanto crea un derecho nuevo, esto es cuando constituye nuevas relaciones jurídicas en serie. Así estiman que estos caracteres los consideran que el acto jurisdiccional puede ser definido por los caracteres contrapuestos, el mismo tiene efecto especial concreto y declarativo.

                            En contraposición a esta visión del acto jurisdiccional sostienen que los jueces:

  • Crean derecho innovador cuando resuelven casos es que no tienen respuesta en la ley o en los precedentes.
  • O los criterios o jurisprudencia en algunos países adquieren carácter de obligatoriedad para las instituciones judicial convirtiéndose así en una norma con carácter de generalidad hacia el futuro.

                            Desde el punto de vista imparcial de los jueces

                            Ahora el margen de la función que se reconozca a los jueces ya sea como reduccionista, mero aplicador de la ley o normas preexistentes o como creador de nuevas normas jurídicas.

                            Existe una necesidad ineludible de que la función judicial se realice con imparcialidad.

                            El Juez debe ser un simple tercer extraño a la contienda que no comparte los intereses o  pasiones de las partes que combaten entre si que desde el exterior examina el litigio con serenidad y con despego.

                            Su interés debe ser un interés superior de orden colectivo, del interés de la contienda se resuelva civil y pacíficamente para mantener la paz social.

                            Debe ser extraño e indiferente a las soluciones de las partes y al objeto de la Litis., la imparcialidad no resulto exclusiva del Juzgador sino que a diversos campos del derecho.
                            La doctrina ve a la imparcialidad de los jueces como un ser carente de ideología y desvinculado de los problemas de la comunidad (llamado Juez aséptico) o eunuco. Señalan autores como el argentino Zaffaroni  que la imparcialidad no proviene de esa exigencia escéptica a los jueces, sino dentro de la pluralidad de las ideas y posturas que para decidir los casos sometidos a los jueces debe ser un sistema  de magistratura, con control reciproco entre los diversos agrupamientos espontáneos de los juzgadores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:

                            Para que los jueces actúen con imparcialidad se requiere de independencia judicial pues el término parte de una independencia externa, es decir frente a los otros dos poderes, y hay la interna, siendo la más difícil de garantizar su autonomía respecto al poder de los propios órganos de la instancia judicial.

 

                            La independencia interna de los jueces,  solo puede garantizarla en términos generales una magistratura en la que se reconozca que todos los jueces son en un principio iguales y que las únicas diferencias que median entre ellos son las derivadas de sus distintas funciones en razón de las distintas asignaciones de competencia.

                            Estamos acostumbrados en nuestro sistema de la independencia del poder judicial desde la perspectiva “externa” pero jamás de la posibilidad de democracia internamente a las estructuras judiciales a efecto de lograr plena autonomía de los jueces y facilitar el imperio del Estado constitucional democrático de derecho.

 

 

 

 

 

 

Mario Melgar Adalid, El consejo de la judicatura federal, 4ta edición, editorial Porrúa.

Real academia de la lengua, Diccionario de la Lengua Española, vigesima segunda edición, 2 volumen, Editorial espasa calpe, España, 2001.

López Pescador José de la Cruz, La democracia de los Tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal.