LAS GARANTIAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

16.10.2013 09:23

 

Introducción

 

                            La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Con ello, nuestro país entra de lleno al derecho internacional de los derechos humanos.

                            En el artículo primero constitucional se establece la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. La reforma cambia el término individuo por el de persona e incorpora el derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales que haya ratificado México, así como de las garantías para su protección, y, es en este contexto, en el cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.

                            El artículo primero al establecer el principio pro homine o principio pro persona, aparejado con la serie de enunciados deónticos contenidos en las primeras líneas de la parte dogmática de nuestra Constitución, donde se expresa que en México toda persona gozará de los derechos y garantías consagradas en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país forme parte.

 

                   Consideramos que era necesario el estudio que precise los derechos humanos y sus garantías, que al incorporar el conjunto de derechos humanos al texto de la Constitución y reconocerlos como principios, ya que toda violación a los derechos humanos establecido en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales firmados por México, podrán hacerse valer a través del Juicio de Amparo.

                   Pues ahora, el Estado mexicano estará obligado a garantizar y, en su caso, reparar el daño a todas aquellas personas que hayan sufrido alguna violación de sus derechos fundamentales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO ANTERIOR DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Articulo abrogado:

 

                            Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el  Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su  protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,  salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

                            Se modifica el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

                            “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

                            Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.”

 

Dicha reforma trae como consecuencia la reforma a la ley de amparo en el artículo primero que anteriormente dice:

 

“Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;

III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal”

 

El artículo primero vigente textualmente dice:

“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

 

 

Antecedentes Históricos de los derechos humanos y garantías en las diversas constituciones en México.

                   Nuestra exposición presenta una breve semblanza de los antecedentes históricos de los Derechos Humanos así como las Garantías Individuales en México dentro del marco jurídico.

                   Tenemos que se promulgaron diversos documentos constituciones que presentan la aparición de Derechos Humanos y Garantías Individuales aun y cuando su designación no lo exprese textualmente.

                   Así, el 22 de octubre de 1814 se expide por el Congreso de la época de nuestro país el trascendental documento jurídico político llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana conocido comúnmente como la Constitución de Apatzingán, por ser está la  población donde se sancionó el que contiene un Capítulo dedicado a ello en su artículo 24 ya que el precepto que lo encabeza se hace una declaración general acerca de la relación entre los derechos del hombre estimándolos como superiores a todo organización social, cuyo gobernado en ejercicio del poder público, debía considerarlos intangibles pues su protección era la única finalidad del estado.

                   En tal sentido está concebido artículo 24 de la Constitución de Apatzingán de 1814, textualmente:

                   “CAPITULO V

                   De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos.

                   Artículo 24.- La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La integra conservación de estos derechos en el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.”

                   En los preceptos subsecuentes consagra varios derechos Humanos en forma específica siguiendo con la clasificación de dicho artículo.

                   Continúa con los lineamientos la Constitución de 4 de octubre de 1824, éste importantísimo documento jurídico-político, representa una obra metódica y sistematizada, conformando en ella, el Poder Legislativo Federal se deposita en un congreso general compuesto de dos cámaras, la de diputados y la de senadores; el Poder Ejecutivo se encomienda a un individuo llamado "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", y en caso de que la persona que encarne este alto cargo se encontrare imposibilitada "física o moralmente" para desempeñarlo, las funciones respectivas las asumirá el vicepresidente de la República. En cuanto al Poder Judicial de la Federación, lo deposita en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los jueces de distrito Bajo el título de "Reglas generales a que se sujetará en todos los Estados y Territorios de la Federación la administración de justicia", se comprenden diferentes garantías de seguridad jurídica en favor del gobernado, tales como la prohibición de penas trascendentales, la de confiscación de bienes; los juicios por comisión, la aplicación retroactiva de las leyes, la abolición de los tormentos y la de la legalidad para los actos de detención y de registro de casas, papeles u otros efectos de los habitantes de la República.

                   Dicha constitución se sustituye por las 7 leyes constitucionales de 1936, la primera de las Siete Leyes se refiere a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República y en sus preceptos se contienen diversas garantías de seguridad jurídica, tanto en relación con la libertad personal como con la propiedad, al disponerse que nadie podía ser detenido sin mandamiento de juez competente y quela privación de los bienes de una persona, de su libre uso y de su aprovechamiento sólo podría llevarse a cabo cuando lo exigiera la pública utilidad, la libertad de emisión del pensamiento, prohibiéndose la previa censura para los medios escritos de expresión, así como la libertad de traslación personal y de bienes fuera del país.

                   Es hasta 1847 con las Actas de Reforma de 1847 que prescribe la denominación de Garantías en el artículo 5 e instituye el juicio de amparo para proteger a cualquier habitante de la República, en ejercicio y conservación de los derechos concebidos en la Constitución y legalmente contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación de los Estados.          

                   En ese orden  el 18 de mayo del año 1847, se expidió el Acta de Reformas, cuyo preámbulo afirmaba lo siguiente:"En nombre de Dios, Creador y Conservador de las sociedades, el Congreso Extraordinario Constituyente, considerando: Que los Estados Mexicanos, por un acto espontáneo de su propia é individual soberanía y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer á la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823, y constituyeron después en 1824 un sistema político de Unión para su gobierno general bajo la forma de República popular representativa, y sobre la preexistente base de su natural y recíproca independencia…”

                   Teniendo así las prescripciones más importantes del Acta de Reformas de 1847, las garantías y los derechos humanos,  la declaración de que una ley secundaria fijaría los derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad en favor de todos los habitantes de la República, la institución del juicio de amparo para proteger a cualquier habitante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos concedidos constitucional y legalmente contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo de la Federación o de los Estados.

                   Cabe destacar que el 13 de agosto de 1849 se pronunció en México la primera sentencia de amparo, en cuyo caso el quejoso fue Manuel Verastegui y Pedro Zamano, el Juez de Distrito “le dispuso la protección solicitada contra el Gobernador del Estado de San Luis Potosi.”.

                   El fallo respectivo se fundó sustancialmente en el artículo 25 del acta de Reforma (que instituyó el juicio de amparo), no obstante que este proceso no fue reglamentado.

                   Y continua con la constitución de 1857 documento histórico que indispensablemente tiene mérito de haber sido un documento genuino, fiel a la tesis individualista, que los derechos del hombre no sólo son el objeto de las instituciones jurídicas, sino su base misma. Los autores de dicha Constitución, además, implícitamente se declararon partidarios del jusnaturalismo en materia de derechos del hombre, tal como puede colegirse de la exposición de motivos respectiva, que en su parte conducente dice: "Persuadido el Congreso de que la sociedad para ser justa, sin lo que no puede ser duradera, debe respetar los derechos concedidos al hombre por su Creador, convencido de que las más brillantes y deslumbradoras teorías políticas son torpe engaño, amarga irrisión, cuando no se aseguran aquellos derechos, cuando no se goza de libertad civil, ha definido clara y precisamente las garantías individuales, poniéndolas a cubierto de todo ataque arbitrario. El acta de derechos que va al frente de la Constitución, es un homenaje tributado en vuestro nombre, por vuestros legisladores, a los derechos imprescriptibles de la humanidad. Os quedan, pues, libres, expeditas, todas las facultades que del Supremo recibisteis para el desarrollo de vuestra inteligencia, para el logro de vuestro bienestar."

                   Contrariamente a la tesis individualista, nuestra Constitución de 1917 ya no hace figurar a los derechos del hombre como el exclusivo contenido de los fines estatales, sino que, considerando que el pueblo constituido políticamente en Estado es el único depositario del poder soberano, ha expresado en su artículo primero que las garantías individuales son instituidas o creadas por el orden jurídico constitucional.

                   Dice textualmente el mencionado precepto: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece." Por consiguiente, nuestra Constitución de 1917 resuelve la manifiesta contradicción que teóricamente surge entre la concepción super estatal e irreductible de los derechos del hombre y la soberanía, como poder máximo, sobre el cual nada existe humanamente.

                            Como referencia hacemos mención que basándose en la naturaleza inespecial e intemporal del hombre como ser que ha sido y es la causa, el medio y el objeto del devenir histórico de todos los países del orbe en sus múltiples manifestaciones, se concibió la nobilísima idea de protegerlo en su calidad de persona y de ente socio-político con independencia del Estado concreto a que pertenezca. Esa idea, sustentada por la U.N.E.S.C.O. (Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas), cristalizó en el trascendental documento internacional que se llama Declaración  Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas ello de diciembre de 1948 en el Palacio de Chaillot de París.

                            La Comisión designada para elaborar las bases teóricas sobre las que descansaría la referida Declaración, después de obtener las valiosas opiniones de filósofos, escritores y juristas de prestigio internacional, tales como importante cometido en julio de 1947. En el estudio que al efecto formuló se proclama la tesis de la universalidad de los derechos del hombre sin diferencias de raza, sexo, idioma o religión, a estos derechos no sólo les asigna un contenido puramente civil y político, sino económico y social, entendiendo bajo el concepto de "derecho" "aquella condición de vida sin la cual, en cualquier fase histórica dada de una sociedad, los hombres no pueden dar de sí lo mejor que hay en ellos como miembros activos de la comunidad, porque se ven privados de los medios para realizarse plenamente como seres humanos" Adoptando un método pragmático, es decir, prescindiendo de consideraciones de tipo filosófico-político respecto a la fundamentación de los derechos humanos, tema éste en que abundan las opiniones más diversas, contrarias y contradictorias, la Declaración preconiza los que deben ser reconocidos al hombre para lograr su respetabilidad como persona y su desarrollo vital dentro de la comunidad. Por tanto, los derechos declarados no son exclusiva ni estrictamente individuales sino sociales, es decir, corresponden alo que dentro de nuestro orden constitucional son las "garantías individuales" y las "garantías sociales". Puede México legítimamente ufanarse, en consecuencia, de que en su Constitución de 1917 se encuentren consagrados los derechos humanos bajo los dos aspectos anotados, con mucha antelación asu proclamación en la Declaración Universal de diciembre de 1948.

                            Así se presenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos , ésta Convención, conocida también como ''Pacto de San José", entró en vigor en julio de 1978 y contiene la declaración sobre los derechos siguientes: derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a un trato humano, incluyendo el derecho a no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, derecho a la libertad personal, derecho a ser oído por un tribunal competente, derecho a no ser condenado con aplicación retroactiva de leyes penales, derecho a indemnización en caso de haber sido condenado por error judicial, derecho a la vida privada de la persona, libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes, derecho de reunión  libertad de asociación, derecho a la protección de la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derecho a participar en el gobierno, derecho a igual protección de la ley, derecho a protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales.

 

CONCEPTO DE GARANTIA.

 

                            Parece ser que la palabra "garantía" proviene del término anglosajón "warranty" o "warantie", que significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar (to warrant), por lo que tiene una connotación muy amplia. "Garantía" equivale, pues, en su sentido lato, a "aseguramiento" o "afianzamiento", pudiendo denotar también "protección", "respaldo", "defensa", "salvaguardia" o "apoyo". Jurídicamente, el vocablo y el concepto" garantía" se originaron en el derecho privado, teniendo en él las acepciones apuntadas.

                            En el derecho público, según afirmación de Sánchez Viamonte,'" "la palabra garantía y el verbo garantizar son creaciones institucionales de los franceses y de ellos las tomaron los demás pueblos en cuya legislación aparece desde mediados del siglo XIX".

                            El concepto "garantía" en derecho público ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones en favor de los gobernados dentro de un estado de derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, en que la actividad del gobierno está sometida a normas pre-establecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional. De esta guisa, se ha estimado, incluso por la doctrina, que el principio de legalidad, el de división de poderes, el de responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, etc., son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados.

                            Don Isidro Montiel y Duarte'" al aseverar que "... todo medio consignado en la Constitución para asegurar el goce de un derecho se llama garantía, aun cuando no sea de las individuales". La doctrina no se ha podido poner de acuerdo en la acepción estricta y específica que debe tener el concepto de "garantía" en el derecho público y, especialmente, en el constitucional.

                   Kelsen alude a "las garantías de la Constitución" y las identifica con los procedimientos o medios para asegurar el imperio de la Ley Fundamental frente a las normas jurídicas secundarias, es decir, para "garantizar el que una norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creación o su contenido".1

                   Fix Zamudio sostiene que "solo pueden estimarse como verdaderas garantías los medios jurídicos de hacer efectivos los mandatos constitucionales",''' aclarando inmediatamente que para él existen dos especies de garantías: las Constitución ("para los métodos procesales, represivos y reparadores, que dan efectividad a los mandatos fundamentales, cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre respecto de su forma o contenido). Acudiendo a la ejemplificación, agrega dicho autor que "garantías fundamentales son las establecidas por los primeros veintiocho artículos de nuestra Constitución, las cuales, unas tienen el carácter de individuales, otras pueden estimarse sociales, y finalmente también están reguladas determinadas instituciones y entre estas últimas merecen destacarse las establecidas por los artículos 14 y 16 que pueden designarse genéricamente como u garantía de justicia. "Por el contrario, continúa, las garantías de la Constitución mexicana son los procesos establecidos por los artículos 103 y lO7 (amparo), 105 (conflictos entre los Estados y la Federación, o los estados entre sí) Y 111 (proceso de responsabilidad de funcionarios), que ya son normas estrictamente procesales, de carácter represivo y reparador".

 |                          Para Ignacio Burgoa, “la garantía individual se traduce en una relación jurídica que se entabla entre el gobernado como persona física o moral, por un lado, y las autoridades estatales y el Estado, por el otro.

                            Desde el punto de vista de nuestra Ley Fundamental vigente, las "garantías individuales" implican, no todo el variado sistema jurídico para la seguridad y eficacia del estado de derecho, sino lo que se ha entendido por "derechos del gobernado" frente al poder público. La relación entre ambos conceptos, "garantía individual" y "derecho del gobernado", se deduce de la gestación parlamentaria del artículo primero de la Constitución de 1857. Los constituyentes de 56-57, influidos por la corriente jusnaturalista, consideraron que los derechos del hombre son aquellos que éste recibe de Dios (o como dijera Mírabcau, "los que la justicia natural acuerda a todos los hombres"), y que, dada su amplitud y variedad, no era posible enmarcar dentro de un catálogo. Por ello, dichos constituyentes se concretaron a instituir las "garantías que aseguraran el goce de esos derechos.

                            Ahora bien, las garantías individuales según la postura ideológica adoptada en las Constituciones que rigieron a nuestro país durante el siglo pasado, se reputaron, en términos generales, como medios sustantivos constitucionales para asegurar los derechos del hombre. Así, inclusive, se estimaron por el artículo primero de la Constitución de 1857, para cuyo ordenamiento tales derechos implicaron la base y el objeto de las instituciones sociales, es decir, de la teleología estatal expresada en éstas. Es evidente que dentro de esa concepción, las garantías consignadas constitucionalmente fueron establecidas para tutelar los derechos o la esfera jurídica en general del individuo frente a los actos del poder público. Atendiendo al sujeto que como único centro de imputación de las citadas garantías se consideraba por los preceptos que las instituían, la denominación o el adjetivo de "individuales" se justificó plenamente.

                   En sí, las garantías individuales se han reputado históricamente como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguardar las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. En consecuencia, los derechos y obligaciones que implica y genera la relación que existe entre gobernados y gobernantes o entre aquéllos y el Estado (en los términos ya apuntados) tienen como esfera de gravitación esas prerrogativas sustanciales del ser humano, considerándose como aquéllas la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la propiedad.

                            Bajo esta nueva concepción de las garantías individuales, que es la que acogió nuestra Constitución antes de la reforma en su artículo primero, los derechos fundamentales del hombre ya no se reputan pre-existente la sociedad estatal, según la teoría jus-naturalista, sino como creaciones del poder soberano del Estado plasmadas en el orden jurídico básico del mismo, y que, por este solo hecho, significan una autolimitación a la actividad estatal, y, por ende, a la conducta de las autoridades.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

 

                            La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define así a los Derechos Humanos. “son inherentes al ser humano sin los cuales no se puede vivir y por lo tanto, el Estado los debe de respetar, proteger y defender con toda fuerza.”

                            “Los Derechos naturales son inherentes al ser humano, anteriores y superiores al Estado, este solo puede reconocerlos, no  obstante tales derecho de un aseguramiento o una garantía en el  ordenamiento positivo sobre todo en la constitución para su cumplimiento.”

                            La fuente se encuentra en asegurarle al ser humano el goce pleno y cabal de sus derechos fundamentales de vida, de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad y de trabajo, ante actos de autoridades que violen estas garantías individuales o derechos humanos.

 

 

CONCLUSIONES:

                            Las garantías individuales son los medios y mecanismos de hacer valer los derechos humanos fundamentales ante los distintos órganos de Gobiernos del Estado.

                            Las garantías individuales se establecen a través de la relación jurídica entre gobernados y gobernante en un estado de derecho público subjetivo.

                            Todo tipo de garantía significa garantizar, asegurar, proteger algo contra actos de todo tipo de servidor público.

                            Las garantías individuales tienen su origen en el jusnaturalismo surgido en la Revolución Francesa 1789; en sus derechos del nombre y de la ciudadanía.

                            Las garantías individuales difieren de los Derechos Humanos en que difieren de los Derechos Humanos en que son relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados y están protegidos por el poder coercitivo del Estado a través del Juicio de Amparo.

                            Los Derechos Humanos difieren de las garantías individuales en que nacen entre gobernantes y gobernados, estos son de tipo emitentemente de tipo natural, son derechos que llevan inherentes al propio ser humano, son derechos subjetivos, son principios morales y éticos que identifican a la persona, con calidad espiritual o humana como un ser reflexivo creativo y crítico, como ser vivo en tiempo y espacio, en franca interdependencia de los demás.

 

BIBLIOGRAFIA

BURGOA IGNACIO, (1986) LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, VIGESIMA EDICION, EDITORIAL PORRUA, S.A.,

 

LA NATURALEZA DE LAS GARANTIAS EN LA CONSTITUCION DE 1917 EDITORIAL UNAM .

López Pescador José de la Cruz, La democracia de los Tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal.