PRISION PREVENTIVA

13.03.2014 10:16

INTRODUCCION

 

La reforma al sistema de justicia penal mexicano se caracteriza por haber iniciado por el liderazgo de los estados y la sociedad civil. Los estados de Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Zacatecas aprobaron sus nuevos códigos de procedimientos, así como Baja California, Durango y el Estado de México iniciaron sus respectivas preparaciones legislativas antes de la aprobación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2008. Este es uno de los primeros cambios de esta naturaleza que se inicia desde los estados hacia la federación, y son en las entidades federativas donde se tiene el mayor avance y la experiencia en la implementación y operación de sistema acusatorio.

 

  Uno de los grandes retos en la implementación y consolidación del sistema acusatorio en México es lograr concesos y ciertos grados de homologación, ya que por ser un sistema federal, a nivel nacional la reforma constitucional impacta a 33 sistemas de justicia penal de adultos (31 estados, el Distrito Federal y el sistema federal), a la justicia militar y a 33 sistemas de justicia especializada para adolescentes. Al cierre de 2010, los siete estados mencionados están en proceso de implementación de sus reformas integrales; dichos procesos iniciaron y avanzaron independientemente de la reforma constitucional que se aprobó el 18 de junio de 2008.

 

Las reformas del sistema de justicia penal de los estados y desde  el 2008, la Constitucional, incluye el régimen de prisión preventiva. En el sistema tradicional (mixto-escrito), el uso de la prisión  preventiva en México se caracteriza por ser excesivo, exorbitado, costoso y por contravenir a la presunción de inocencia y estándares internacionales, ya que se aplica de forma general. El marco normativo del sistema tradicional permite dicho uso, el cual resulta en la aplicación de la prisión preventiva como consecuencia directa y exclusivamente por el tipo de delito imputado y no atendiendo a los objetivos procesales de necesidad de cautela para asegurar la comparecencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima y a la sociedad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION DE  PRISION PREVENTIVA

 

Víctor Cubas Villanueva, señala que la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que dicta el Juez de la Investigación Preparatoria en contra de un imputado en virtud de la cual de restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del proceso penal; agrega, que este mandato está limitado a los supuestos que la ley prevé.

 

Víctor Raúl Reyes Alvarado, Vocal Superior  de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, citando a la Academia de la Magistratura, define la prisión preventiva como la medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad acorde con su naturaleza es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse.

 

Horvtiz Lennon y López Masle, autores Chilenos, señalan que la prisión preventiva consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona, mediante su ingreso a un centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal con el objeto de asegurar los fines del procedimiento.

 

Binder, al respecto, nos dice que no sería admisible constitucionalmente la prisión preventiva si no se dan otros requisitos (además de la existencia del hecho y de la participación del imputado en él): los llamados “requisitos procesales”. Agrega, que estos requisitos se fundan en el hecho de ese encarcelamiento preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la realización del juicio o para asegurar la imposición de la pena.

 

 

 Ferrajoli considera que la prisión provisional antes de la condena es ilegítima e inadmisible, ya que vulnera el principio de jurisdiccionalidad, en la medida que la presunción de inocencia asociada a la regla de tratamiento del imputado, excluye o al menos restringe al mínimo la limitación de la libertad personal; además, señala que no basta con poder ser detenido únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo solo sobre la base de un juicio. Así toda detención sin juicio ofende el sentimiento común de la justicia.

 

 

               

    PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL CHILENO

 

 El  contempla una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, las que deben preferirse a ella si los objetivos de cautela pueden conseguirse con la imposición de alguna de ellas.

 

La nueva normativa concibe la medida de prisión preventiva de una manera muy diferente a la anterior legislación, especialmente en atención al principio de presunción de inocencia. Así, ya no se trata de imponer la prisión preventiva como regla general, derivada del procesamiento, sino más bien como lo que realmente es, una medida que tiene fines cautelares del procedimiento, cuya imposición debe fundarse en alguno de ellos.

 

 El juez, una vez que se ha formalizado la investigación, puede decretar la prisión preventiva en contra del imputado, por medio de una resolución fundada, siempre que el ministerio público o el querellante acredite que hay antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga, que existan antecedentes que hagan presumir fundadamente la participación del imputado en él y que existan antecedentes calificados que permitan considerar que es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o cuando la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad del ofendido o de la sociedad.

 

 

 

La medida debe ser decretada en una audiencia oral y la presencia del defensor en la misma es un requisito de validez. Establece el Código también que nunca podrá decretarse la prisión preventiva cuando aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable y además, que esta puede sustituirse por alguna de las otras medidas que contempla la ley en cualquier momento  del procedimiento, de oficio o a petición de parte.

 

 

Además, se establece que el tribunal debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la integridad física del imputado, en especial las destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.

 

 

PRÁCTICA DE UTILIZACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA  CHILENA

 

 En cuanto a la utilización de la medida de prisión preventiva, esta ha disminuido ostensiblemente respecto de su utilización en el sistema inquisitivo. De los pocos datos disponibles sobre el número de procesados en prisión preventiva en el sistema inquisitivo, una estadística de 1998 señala que del total de procesados, un 68% se encontraría en libertad provisional, lo que arroja que un 32 % de ellos se encontraba en prisión preventiva. De acuerdo a estadísticas de la Defensoría Penal Pública de 11 de noviembre de 2002, existían 8.629 imputados en trámite de acuerdo al procedimiento ordinario.

 

De los que estaban sujetos a alguna medida cautelar, solo un 14% se encontraba en prisión pre-ventiva, un 6% en arresto domiciliario y 78% estarían sujetos a otras medidas cautelares. En relación a las causales, la mayoría de los casos la medida de prisión preventiva se aplica en consideración a la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.

 

la prisión preventiva se aplicaba siempre cuando el delito era de cierta gravedad y el imputado tiene antecedentes y cuando la pena que se puede imponer es superior a 5 años y un día. Respecto a las medidas cautelares alternativas, hay opiniones contradictorias entre la sociedad en cuanto a su cumplimiento. Algunos dicen que se cumplen y otros no. La mayoría concluyó que estas se incumplen especialmente debido a la falta de recursos para supervisarlas, en el caso de aquellas que requieren supervisión, como por ejemplo el arresto domiciliario. Sin embargo, no es frecuente que estas medidas se revoquen y se las reemplace por la prisión preventiva, ya que cuando los fiscales se aseguran que el imputado comparecerá al tribunal, en la gran mayoría de los casos no lo solicitan.

 

 

. En síntesis, los imputados no se encuentran en mejores condiciones, en términos generales, que los condenados, y muchas veces la necesidad de separarlos del resto de la población los deja en una peor posición. En cuanto a malos tratos,  por regla general, excepto un juez de la Novena Región (que señala que hay un mejor trato con los imputados), señalan que no hay diferencia entre imputados y condenados y que los reclamos son similares. La mayoría explica esta situación en que Gendarmería es una institución que no se ha incorporado a la reforma de la misma manera que las demás y por lo tanto sigue comportándose de acuerdo a los mismos parámetros de siempre.

 

 

 

DISEÑOS NORMATIVOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN ARGENTINA

 

En la regulación de los códigos procesales argentinos podríamos distinguir tres etapas: la anterior a la reforma cordobesa, donde se entendía que toda persona imputada estaría por regla detenida  en prisión preventiva; una segunda que comienza con la aparición del  Código de Córdoba donde esta situación se modifica admitiendo el encierro preventivo para los casos donde la imputación traía aparejada pena privativa de libertad no alternativa con multa. En aquellos delitos donde procedía el encierro, se los distinguía entre delitos graves, inexcarcelables, y delitos  leves ,excarcelables. Por fin, los códigos modernos receptan una lógica  cautelar  detallando cuáles son las causas por las que se puede imponer la prisión preventiva, descartando las regulaciones anteriores que regulaban la forma de  recuperar  la libertad.

 

               

LAS MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA EN ARGENTINA

 

Junto con la consagración y definición de excepcionalidad de la prisión preventiva y para avanzar sobre esta lógica, los códigos modernos y en lógica acusatoria regularon una serie de medidas alternativas al encierro preventivo con el fin de tener sujeto al imputado al proceso penal, pero a partir de una afectación menos gravosa para sus derechos que la que significa la prisión.

 

 El objeto es disponer una serie de medidas que permitan recurrir al encierro en prisión cuando no hubiere otra forma de garantizar los fines del proceso penal. En esto, tanto los principios de proporcionalidad como el estado de inocencia y mínima intervención mandan a extremar los esfuerzos de Parte del sistema por lesionar lo menos posible los derechos de personas que, técnicamente y hasta tanto no exista sentencia condenatoria firme, deben ser tratados como inocentes.

 

En lo que respecta a la regulación en los códigos de procedimiento debemos hacer una disquisición. Hay provincias que siguiendo la lógica cautelar que venimos comentando regulan un catálogo de alternativas al encierro preventivo. En el cuadro que sigue se ponen algunos ejemplos al respecto Como puede advertirse en estas regulaciones, se parte del criterio que solo ante la imposibilidad de aplicar una medida menos gravosa se recurra al encierro en prisión. Ello opera así en todos los casos y para cualquier delito de que se trate.

 

EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. LOS DATOS  DUROS EN ARGENTINA

 

En Argentina, desde hace tres décadas a esta parte, ha aumentado exponencialmente el número de personas encarceladas; y sobre todo se profundiza esta tendencia a partir de los años 90 91. A pesar de la disminución en el último año, el aumento de la población encarcelada es sostenido y recientemente –a partir de mediados del año 2008– ha acrecentado la cantidad de personas presas, y se puede advertir que este crecimiento es significativo también en la cantidad de presos preventivos.

 

La provincia de Buenos Aires ha sido la que mayormente ha aportado a este incremento, de 26.990 personas privadas de la libertad en el año 2007 a 27.614 en el año 2008. Este constituye un aumento sostenido de la población encarcelada que en principio cuesta mucho asociarlo directamente con un aumento del nivel poblacional y los índices de criminalidad. Es que sin desconocer que en las últimas décadas ha crecido la tasa de criminalidad cada 100.000 habitantes, no puede perderse de vista que la tasa de prisionización lo ha hecho en forma exponencial, por lo que las causas del aumento de los índices de encierro deben ser buscados en otras áreas.

 

 El siguiente da cuenta de ello. La tendencia ascendente en materia de encarcelamiento se advierte de forma contundente a partir del año 2001/2002.  recurso excesivo al encierro preventivo, siendo en buena medida corresponsable la aplicación indiscriminada de esta medida en el aumento de la población encarcelada., Argentina no es de los países de la región que cuenta con mayor porcentaje de personas detenidas del total de su población y está muy por debajo de aquellos con mayor índice, tanto en la región como en otros países del mundo occidental. arroja 134,6193 personas.

 

 

PRISION PREVENTIVA EN MEXICO

 

 Con la  reforma constitucional de junio de 2008, una de las diferencias principales entre el auto de vinculación a proceso y el auto de formal prisión es que el primero sustenta únicamente la existencia de un hecho punible y versa solo sobre la continuación o no del proceso, no sobre la existencia de la privación de la libertad, la cual se determina en una resolución independiente en donde el juez decide sobre las medidas cautelares.

 

Con esto se busca la sustitución de un régimen en el que la determinación de los méritos para iniciar una causa penal también implicaba resolver la libertad del imputado. En este sentido, a diferencia del modelo actual en donde se hacía un distingo entre auto de formal prisión y auto de sujeción a proceso, dependiendo de si el delito le correspondía pena privativa de libertad, el auto de vinculación a proceso no hace tal distinción ya que procede para todo tipo de delitos.

 

Como se establece en el artículo 19 constitucional, en el nuevo sistema penal acusatorio la prisión preventiva pasa a ser una medida de carácter excepcional que se determina de acuerdo a las características personales del imputado, en relación a la víctima o la comunidad y no a partir del delito que se le imputa. Es decir, ahora es el juez, y no el legislador, quien decide sobre la procedencia de dicha medida cautelar cuando considera que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del indiciado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

 

Esto quiere decir, que en el nuevo sistema de justicia, la decisión sobre la procedencia de una medida precautoria tiene fundamento diferente a los hechos que conforman la litis del proceso.

 

El régimen de prisión preventiva oficiosa establecido constitucionalmente, es la principal inconsistencia. Esta medida  del nuevo sistema de justicia penal, ya que genera un desequilibrio en el proceso, pues el estándar probatorio para procesar a una persona se reduce conforme al nuevo sistema, pero a la vez el régimen de prisión preventiva mantiene muchos de los rasgos del sistema anterior al establecer un catálogo de delitos inexcarcelables.

 

Esto nos obliga a replantearnos muchas preguntas y a rediseñar ciertas reglas del juego que no necesariamente coinciden con los principios característicos de un sistema acusatorio como, por ejemplo, prever el desahogo de pruebas en la audiencia de vinculación a proceso y moderar la reducción del estándar probatorio para solicitar la vinculación como lo hace la Iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales.  Se corre  el riesgo  al no darle un tratamiento adecuado al tema, lo que puede generar excesos en detrimento de las garantías del indiciado.

 

EL COSTO MONETARIO QUE IMPLICA LA PRISIÓN  PREVENTIVA

 

Para el estado el uso excesivo y en ocasiones irracional de la prisión preventiva, toda vez que las personas sujetas a esta medida cautelar tienen un costo promedio diario de $130.00 pesos para el Estado, si esto lo multiplicamos hipotéticamente por el supuesto plazo de 365 días que conforme a la Norma Fundamental es el plazo máximo para resolver un proceso cuya penalidad rebasa los dos años de prisión (tomando como ejemplo que todas las personas procesadas se hayan cometido un delito con pena mayor a dos años de prisión) tenemos que la manutención de cada procesado costará al erario aproximadamente $47,450.00 pesos anualmente, en consecuencia, el Estado erogara aproximadamente $7,489,318,200 pesos anuales sólo para la manutención de los 157,836 procesados, ello sin tomar en consideración la segunda instancia y los amparos directos que pudieran promoverse o que en la primera instancia solicite el imputado un mayor plazo para su defensa.

 

Asimismo, no se tomó en consideración el costo perse del proceso, esto es, los sueldos de los funcionarios judiciales, ministerios públicos, peritos y los insumos necesarios para tramitar el proceso. De lo anterior puede deducirse que es muy oneroso tramitar un proceso penal en nuestro país. actualmente, alrededor de 41% de la población penitenciaria está en prisión preventiva. Es decir, más de 92,000 personas están en prisión sin condena, lo cual en el 2006 le costó a México alrededor de 9.7 mil millones de pesos mexicanos ($970 millones USD, al tipo de cambio del 2006). El costo total incluye cuatro rubros: costos del estado, costos de los detenidos, costos de la familia de los detenidos y costos de la comunidad. El abuso de la prisión preventiva no solo es costoso para el estado sino también resulta en serias consecuencias limitando los derechos de los imputados.

 

Dado a la reforma constitucional del sistema de justicia penal del 2008 y la de algunos estados que iniciaron antes que la federal, en el presente estudio se analizará el impacto de las mismas en el régimen de prisión preventiva en seis de los siete estados con el nuevo sistema. En el presente estudio se presentan datos concretos de los estados de Chihuahua, Oaxaca y Morelos, los tres estados que tienen mayor tiempo implementado el nuevo sistema de justicia penal.

 

 

 

CONSECUENCIAS   DE LA PRISION PREVENTIVA

la prisión preventiva contribuyen al hacinamiento y al incremento de los recursos públicos para su construcción y operación. Lo anterior, sin contar con que toda prisión innecesaria infringe la libertad de los imputados y, en cuanto al proceso judicial, puede acarrearles una serie de consecuencias negativas, envirtud de que:

• Enfrentan obstáculos para intervenir en su propia defensa, debido al limitado contacto  con sus abogados defensores y el acceso restringido a testigos favorables;

• carecen de incentivos para defenderse de los cargos que se les imputan incluso cuando disponen de una defensa válida. Llegan a declararse culpables con tal de recuperar su libertad, especialmente si de ese modo pueden recibir una sentencia que acredite el tiempo de prisión preventiva a cuenta de una condena privativa de libertad más breve;

• tienen más probabilidades de ser declarados culpables, independientemente del mérito de la causa en su contra;

• mientras están detenidos interactúan con delincuentes   peligrosos, quedando expuestos

al riesgo de unirse a pandillas de criminales y/o establecer vínculos que fomenten actividad delictuosa adicional;

• pierden lazos con la comunidad, quedan separados de sus familiares y amigos, y pierden oportunidades de empleo; además de sufrir esa pérdida inmediata, al ser liberados pueden tener dificultades para reintegrarse a la sociedad.

 

 

LA LIBERACION PREVIA, CON LA  EVALUACION Y SUPERVICION MEDIDAS PARA NO DECRETAR LA PRISION PREVENTIVA

 

la liberación previa al juicio es preferible a la prisión preventiva, de modo que los servicios de evaluación y supervisión significan enormes beneficios para la sociedad que pueden agruparse en tres categorías interrelacionadas:

procesales, sociales e institucionales.

 

Previos al juicio protegen la presunción de inocencia y la garantía de igualdad ante la ley. Los instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el principio de que todos los imputados gozan de presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal, conforme a ley. El uso de la prisión preventiva es una forma de castigo previo a la determinación de culpabilidad, lo cual se agrava si, como en México, dicha modalidad de prisión está asociada de manera significativa a la pobreza  la caución se fija en cantidades tan elevadas que los imputados de escasos recursos no tienen la posibilidad real de obtener su libertad por esa vía, o se aplica automáticamente a las personas acusada de delitos clasificados como “graves”.

 

incrementan las posibilidades de que los imputados se sometan a juicio. En comparación con la supervisión ha demostrado que aumenta la posibilidad de que los acusados regresen al juzgado a enfrentar los cargos.

 

Beneficios para la sociedad con la liberación previa

 

permiten que los imputados continúen trabajando mientras esperan el resultado del juicio. Consecuentemente, en caso de que se los encuentre culpables, los que tienen empleo estarán en condiciones de compensar a las víctimas. Por el contrario, el estigma asociado al arresto y la prisión preventiva puede complicar sus posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Al propiciar que continúe trabajando mientras espera el resultado del juicio, la supervisión evita que aquel y su familia terminen en la pobreza, viviendo de la caridad y probablemente obligados a cometer delitos contra la propiedad para sobrevivir.

ayudan a impedir la exposición a un entorno carcelario de convivencia con delincuentes.

 

En la mayoría de las prisiones, las personas acusadas de delitos menores interactúan con acusados de delitos graves, al tiempo que delincuentes poco peligrosos y ocasionales se mezclan con profesionales. Esta interacción produce que el entorno penitenciario se transforme en “escuela del crimen”, generando un campo fértil para reos peligrosos, en medio del hacinamiento. En vez de readaptar, las cárceles se convierten en promotoras del delito.

 

Ante esto, la supervisión desempeña un papel fundamental para prevenir una nueva exposición a delinquir por parte de quienes violan la ley por primera vez.

 Los programas de servicios y supervisión fomentan la integración familiar. La prisión preventiva puede traer aparejada la desintegración de la familia y el hogar, al aislar a los sospechosos de su entorno. Al mantenerlos fuera de las cárceles, la supervisión promueve en cambio un enfoque holístico, que toma en cuenta la salud psicológica, emocional y social de los hijos, los cónyuges y otros familiares.

 

 

 Los programas de servicios y supervisión reducen el hacinamiento en las cárceles y el costo operativo para el país. Las cifras muestran que la prisión preventiva es mucho más costosa que ofrecer servicios comunitarios de supervisión. Los programas de servicios y supervisión pueden reducir inversiones y gastos futuros.

 

 Las ventajas financieras de las alternativas a la prisión preventiva van mucho más allá de una comparación directa entre gastos e inversiones. Cada peso ahorrado en una actividad económicamente no productiva (como la de encarcelar a personas) puede invertirse en rubros productivos del sistema judicial que rinden mejores resultados en materia de seguridad pública. Al mantener a las personas fuera de las prisiones, los programas de servicios y supervisión les permiten seguir trabajando, pagar impuestos y mantener a sus familias una carga que, de lo contrario, recae en el Estado o las organizaciones de beneficencia privada. Asimismo, al impedir que los detenidos experimenten un proceso de especialización delictiva en el hacinado entorno penitenciario, estos programas contribuyen a evitar la actividad delictiva y, en consecuencia, reducen gastos futuros en el sistema de justicia penal.

 

 

CONCLUSION

 

La prisión preventiva es un acto procesal dispuesto por una resolución judicial que produce una prisión provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de asegurar el desarrollo del proceso personal y la eventual ejecución de la sentencia o pena.  Los principios que se deben tener en cuenta para aplicar o no aplicar la prisión preventiva son los de: excepcionalidad e instrumentalidad, proporcionalidad, provisionalidad, jurisdiccionalidad y tratamiento adecuado al encarcelado preventivamente.  El nuevo proceso penal exige que la prisión preventiva se conciba como un instrumento excepcional y subsidiario que solo puede ser utilizado cuando las demás medidas cautelares personales del proceso penal son insuficientes para lograr el objetivo que se pretende: asegurar el desarrollo y resultado del proceso.  Los modelos procesales penales son modelos de producción de la verdad. Esto significa que ningún modelo busca la verdad, sino que construye una realidad lo más acorde a cómo ocurrieron los hechos, y un Sistema Penal Acusatorio Oral, si bien puede tener sus errores, se le puede criticar, y además no es la panacea o solución para el control social, es el modelo más objetivo y humano, hasta ahora, para construir esa realidad y tratar de llegar a una verdad. Llegar a esa construcción de verdad no es a cualquier precio, es necesario equilibrar la investigación y juzgamiento del hecho, con los derechos de los involucrados. Así, en este nuevo Sistema Penal Acusatorio, la libertad personal del imputado se protege al máximo, constituyéndose en una regla general que enfrente el procedimiento en libertad,y solo en casos mínimos podrá ser privado de ella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLOGRAFIA

 

AUMANDA Alejandra, LOS COSTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA EN CHILE, año diciembre 2008,  Santiago de Chile.

 

VEGA Regalado Ronald Nayu, LA PREISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, Perú, 2004, editorial UNMSM.

 

INFOME ANUEL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

 

LORENZO Leticia,  RIEGO Cristian y DUCE Mauricio, PRISÓN  PREVENTIVA Y REFORMA PROCESAL  PENAL EN AMERICA LATINA, Vol. II, NOV.2011.

 

SCHONTEICH Martin y TOMASINI JOSHI Denise, PROGRAMA  DE MEDIDAS CUTELARES, México, primera edición  año 2010.

 

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS SOCIALES, México, Año III. No 5 , Enero-Junio2011.

 

 

 

 

 

 

LEEWI CHAVEZ MARTINEZ

TEMA: PRISIÓN PREVENTIVA