RECURSOS ADMINISTRATIVOS O MEDIOS DE EJECUCION

29.04.2015 20:30

INTRODUCCION

 

Los
recursos administrativos o medios de impugnación, es el medio por el cual se
constituye un procedimiento legal que dispone el particular, que ha sido
afectado en sus derechos jurídicamente tutelados por una acto administrativo
determinado, con el fin de obtener de la autoridad administrativa una revisión
del propio acto que emitió, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o
lo reforme en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo a
partir de los agravios esgrimidos por el gobernado. En tal virtud, los recursos
contenidos en el Código Fiscal de la Federación, pueden concebirse como los
medios de defensa al alcance de las partes, a través de los cuales se pueden
controvertir resoluciones o determinaciones emitidas por la Sala Fiscal cuando
se consideren ilegales, siempre que se ubiquen en los supuestos previstos para
su procedencia.

Los
recursos administrativos siempre tendrán calidad de ser optativos; es decir,
que el interesado puede en su momento dado tomar la decisión de recurrir o
interponer el recurso administrativo; o bien, también la opción de proceder por
la vía jurisdiccional; y precisamente, esa suerte o cualidad la tendrán tanto
el recurso de revisión, el de revocación ante el Servicio de Administración
Tributaria.

 

PALABRAS
CLAVE

Recurso
administrativo, medios de impugnación, elementos, suspensión, recurso de
revisión, recurso de revocación, recurso de inconformidad.

 

ABSTRACT

The administrative resources or means
is the means by which a legal procedure set out in particular that has affected
his rights legally protected by a certain administrative act, in order to
obtain from the administrative authority recasts the very act issued order that
authority revoked, annulled or reformed so if she finds the illegality of it
established from the grievances put forward by the governed. As
such, the resources contained in the Tax Code of the Federation, can be seen as
the means of defense available to the parties, through which can be contesting
decisions or determinations issued by the Fiscal Board when deemed illegal,
provided that locate in the cases provided for origins.

The administrative resources will
always be optional quality; ie, that the applicant may at the time as the
decision to appeal or file an administrative appeal; or also the option to
proceed through the courts; and precisely the quality that lucky or have both
the appeal, the revocation before the Tax Administration Service.


 


 

PALABRAS CLAVE

Administrative resource, elements, suspension,
petition for review, appeal for reversal,
appeal for amendment.


 

 


 


RECURSOS
ADMINISTRATIVOS O MEDIOS DE IMPUGNACION.


 

 

1.    MEDIOS DE IMPUGNACION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

 

En
nuestro país todas las actuaciones de los órganos del estado deben estar
fundada en la Ley, es necesario que los órganos de la administración sustenten
sus actuaciones frente a los particulares en la legalidad de sus actos.

En
ocasiones el poder público no se ajusta a los ordenamientos que la ley marca y
es cuando se empiezan a dar las violaciones a los derechos de los particulares
como administrados.

Para hacer frente a
este tipo de violaciones del derecho se ha creado un medio por el cual las
actuaciones de los órganos inferiores deben ser sujetas a revisión por las
autoridades superiores, de este modo se ha dotado a los particulares los
recursos como medios de defensa por virtud de los cuales se puede lograr la
nulificación  de los actos o resoluciones
dictadas con violación a la ley aplicada.

2.    SIGNIFICADO DEL RECURSO ADMINISTRATIVO.

El autor Emilio Margain nos da una definición
sencilla de lo que es el recurso administrativo "Es todo medio de defensa al
alcance de  los particulares para
impugnar, ante la administración pública, los actos y resoluciones por ella
dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al
ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida".[1]

  El
autor también nos da a conocer  que
cualquier ordenamiento conforme al cual se emitió el acto o en otro de
naturaleza general existe algún medio de defensa ante la propia autoridad
administrativa, pues de estar previsto la resolución no tiene, para un
tribunal, el carácter de definitiva.

Esto quiere decir que el recurso
administrativo puede servir para eliminar un acto no infundado que haya
perjudicado a un particular.

El autor Sánchez Pichardo menciona que "El
recurso administrativo constituye un procedimiento legal que dispone el
particular, que ha sido afectado en sus derechos jurídicamente tutelados por
una acto administrativo determinado, con el fin de obtener de la autoridad
administrativa una revisión del propio acto que emitió, a fin de que dicha
autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de que ella encuentre
demostrada la ilegalidad del mismo a partir de los agravios esgrimidos por el
gobernado. En resumen el recurso administrativo constituye un medio de defensa
que prevé la ley a favor del particular, según se desprende de la siguiente ejecutoria:

RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, PROCEDENCIA DE LOS.- No siendo manifestada la improcedencia de
los recursos administrativos, aun siendo opinable la cuestión, las autoridades
deben entrar al fondo de los asuntos que les plantean, pues los recursos, juicios
y medios de defensa en general, han sido creados para otorgar a los ciudadanos
medios legales de facilitar la defensa de sus derechos, por lo que al examinar
su procedencia no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en
trampas procesales que, en vez de facilitar, obstaculicen la defensa de tales
derechos. La intención del legislador no debe estimarse como la de crear un
laberinto en el que se extravían los afectados por resoluciones
administrativas, sino como medios para lograr, en un estado de derecho, la
solución legal de los conflictos y controversias.

      Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. Tribunales Colegiados de Circuito,
Semanario Judicial de la Federación, Época 7°. Volumen 60, parte sexta, Sección
Jurisprudencia, Página 73.

      Si bien en un primer momento pareciera que
al interponer un recurso administrativo, se está ante el planteamiento de una
controversia ante la autoridad a quien se le argumente que el acto
administrativo que emitió no está fundado en lo que la ley establece al efecto
( lo que causa agravio al particular, es decir, lesiona su interés jurídico),
tal situación no se apega a la verdad, ya que se trata de un medio por el que
se solicita a la autoridad que reconsidere y revoque el acto administrativo que
se trata. No se trata de un procedimiento de controversia, ya que toca resolver
al respecto a la propia autoridad emisora del acto, o por superior jerárquico ,
de donde se desprende que no hay autoridad distinta de las partes que resuelva
los agravios presentados dentro del recurso interpuesto (en cuyo caso, so
habría un procedimiento  contencioso
propiamente dicho."[2]

            Esto nos quiere decir que el recurso
administrativo no es una instancia contenciosa, porque no busca la composición
de un conflicto si no el desenvolvimiento de in interés en conflicto. Se
solicita a la autoridad que analice la legalidad el acto emitido, revisando o
reconsiderando el procedimiento.

            Los recursos administrativos pueden
dividirse en dos grupos:

1.    "Los
que conoce y resuelve la autoridad emisora de los actos impugnados (recurso de
revocación, según el Código Fiscal de la Federación; o recurso de
reconsideración, conforme lo determinan algunas leyes administrativas
especiales).

2.    Los
que conoce y resuelve una instancia administrativa diversa a la que dicto el
acto reclamado, y que puede ser una autoridad jerárquicamente superior o un
órgano administrativo determinado al efecto conforme al Reglamento Interior
correspondiente (recurso de revisión; o bien, recurso de inconformidad, según
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal) del órgano
administrativo emisor del acto.

En
términos generales, puede decirse que en materia administrativa federal, el
recurso de revocación es el que contempla el Código Fiscal de la Federación; y
el recurso de revisión es el que se encuentra contemplado en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, ya que de acuerdo al artículo 1° de este último
ordenamiento, será aplicable a "los actos, procedimientos y resoluciones de la
Administración Pública Federal Centralizada"; estando excluidas las materias de
carácter fiscal, financiero, responsabilidad de los servidores públicos,
electoral, yal Ministerio Público en ejercicio de sus funciones
constitucionales. La materia fiscal se excluye pero solo en lo que se refiere a
las contribuciones y accesorios que deriven directamente de ellas.

En
este sentido, en materia de procedimiento administrativo federal, a excepción
de las materias referidas en el artículo 1° de la Ley citada, tenemos que
existen dos recursos administrativos en términos generales. El recurso de
revocación aplicable en materia fiscal a las contribuciones y accesorios; y el
recurso de revisión, aplicable en materia administrativa. Es importante tener
en cuenta esta diferenciación  porque son
distintas las reglas que se aplican en cuanto a la interposición del recurso
ante la autoridad, ya que el término para el recurso de revocación es de 45
días, y el de revisión es, en cambio de tan solo 15 días (artículos 121 del
Código Fiscal, y 85 de la Ley, respectivamente). Confundir estos términos puede
llevar al contribuyente a perder fatalmente su derecho de recurrir la
resolución que se le notifique."[3]

           

3.    IMPUGNACION DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS.

"La impugnación del acto
administrativo, en sede administrativa, procede a través de los recursos
administrativos, para aquellos casos en que el ordenamiento jurídico prevé
tales medios de defensa. Cuando no se establezca específicamente un recurso, el
gobernado puede elegir la vía jurisdiccional; ya sea por medio de los
tribunales administrativos, promoviendo el juicio de nulidad o contencioso
administrativo o, en su caso ante los tribunales judiciales, por la vía del
amparo administrativo.

La administración ejerce un control de
carácter administrativo, sobre la producción de actos administrativos, dictados
por las autoridades; con el objeto de revisar tanto su eficacia como su
validez; a fin de que si estos se encuentran afectados por vicios, tanto de
procedimiento, forma o fondo; tales actos sea destruidos, de comprobarse su
ilicitud; y, por el contrario, de no demostrarse tal situación, se proceda a su
confirmación ante la inexistencia de los vicios."[4]

     

4.   
OPTATIVIDAD
DE LOS RECURSOS.

Por principio, los
recursos administrativos siempre tendrán calidad de ser optativos; es decir,
que el interesado puede en su momento dado tomar la decisión de recurrir o
interponer el recurso administrativo; o bien, también la opción de proceder por
la vía jurisdiccional; y precisamente, esa suerte o cualidad la tendrán tanto
el recurso de revisión, el de revocación ante el Servicio de Administración
Tributaria.

RECURSO DE REVISION
PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO
AGOTARLO CUADNO EN LA RESOLUCION RECLAMADA NO SE INDICA QUE ÉSTE PROCEDE EN SU
CONTRA.

Conforme al artículo 3°., fracción XV, de la ley federal de Procedimiento
Administrativo, cuando un acto administrativo sea recurrible debe indicarse en
el mismo cual es el recurso que procede en su contra. Si en el caso concreto no
se cumple con esta disposición, es decir, no se menciona en el acto
administrativo reclamado que en su contra procede el recurso de revisión,
previsto en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el
quejoso no se encentra obligado a agotarlo antes de acudir al amparo, pues aun
de aceptarse que es obligatorio agotar los recursos administrativos en una ley
diversa de la que rige el acto reclamado, el hacer saber al interesado la
existencia de un recurso administrativo previsto en otra ley es un elemento
imprescindible de certidumbre jurídica. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo de revisión 2810/2001. Teléfonos de
México S.A. de C.V. 17 de octubre del 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén
Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo de
revisión 3174/2001. Chicles Canel´s S.A de C.V. 17 de octubre del 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Atzimba
Martínez Nolasco. Amparo en revisión (improcedencia) 3204/2001. Salomón Hanan Minian.
31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar
Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. Amparo en revisión 2754/2001.
Mariana Ochoa Cortés 28 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Gilberto Díaz Camacho. Amparo en revisión
(improcedencia)  52/2002. Alestra, S. de
R.L. de C.V. 13 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero
Rodríguez, Secretario: José C. Santiago Solórzano. Véase: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página
49, tesis por contradicción 2ª/J. 82/2000 de rubro "AMPARO INDIRECTO CONTRA
ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE
REVISION PREVISTO EN EL ARTICULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES
REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN".

 

 

 

5.   
CLASIFICACION.

 

A continuación
mencionare brevemente la clasificación que el autor  hace de las clases de recurso o medios de
defensa ante la administración pública 
pueden hacerse valer atendiendo a sus finalidades u objetivos,
naturaleza, etc. Y así tenemos que el recurso administrativo se clasifica:

·        
En atención a la autoridad ante quien se
interpone.

"Existen tres clases
de recursos en atención a la autoridad ante la que se interponen: los que se
promueven ante la misma autoridad que emitió el acto; los que proceden ante el
superior jerárquico, y aquellos de los que conoce una comisión o dependencia
especial.

El recurso ante la
misma autoridad que emitió el acto es aconsejable al legislador tratándose de
resoluciones cuya ilegalidad tengan su origen en errores de cálculos, numéricos
o de procedimientos.

·        
En atención a quien lo interpone.

En atención a la
persona que interpone el recurso administrativo, este se clasifica en: por
quien tenga interés legítimo directo y por quien tenga interés legítimo
indirecto.

Tiene interés
legítimo directo el que es titular de la resolución emitida por la autoridad
administrativa.

Tiene interés
legítimo indirecto, cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos
resulten afectados por el acto administrativo en gestión.

·        
En atención al objeto que persigue.

En atención al objeto
que se persigue con el recurso o mejor estaría decir atendiendo al significado
gramatical que le da quien redacta en un ordenamiento lo referente al recurso
administrativo, este se clasifica en recurso de reconsideración, de revocación,
de revisión o de inconformidad.

·        
En atención a la materia.

La autoridad
administrativa puede emitir resoluciones que quedan sometidas unas al derecho
administrativo, que son la mayoría, y otras al derecho privado. La doctrina nos
dice que en atención a la materia pueden establecerse recursos administrativos
en los que se impugnen resoluciones que se rigen por el derecho público y
recursos administrativos que se hagan valer contra resoluciones que se norman
por el derecho privado, lo que es inaceptable ya que si la autoridad
administrativa, al celebrar un contrato con particulares, admite someterse a
todo conflicto de interpretación o aplicación del documento ante las
autoridades judiciales del fuero común, no puede limitarse la intervención de
dichos tribunales creándose recursos administrativos que deban agotarse antes
de someter el conflicto ante la autoridad judicial, pues se estarán violando
derechos adquiridos por los particulares.

·        
En atención al ordenamiento que lo establece.

Se considera que es
ley formalmente legislativa el ordenamiento que expide el órgano a quien la
Constitución le confiere dicha facultad y que es un reglamento el ordenamiento
expedido por el Poder Ejecutivo, Salvo los caos de decreto ley y decreto
delegado. De esto se desprende que los recursos administrativos pueden
establecerse den una ley o reglamento, pero siempre y cuando este último
supuesto el reglamento no sea de ejecución, esto es, un ordenamiento que tenga
como finalidad aclarar las disposiciones de la ley o hacer posible la
aplicación práctica de la misma, pues si la ley no establece un recurso
administrativo el reglamento de ejecución no puede crearlos, ya que
establecería un medio de defensa n previsto en aquel ordenamiento y que
cortaría los derechos que otorgan ordenamiento y que cortaría los derechos que
otorgan ordenamientos de mayor jerarquía jurídica, como es nuestro país lo que
es la Ley de Amparo o el Código Fiscal de la Federación."[5]

·        
En atención a su naturaleza.

En América Latina se
clasifica el recurso administrativo en obligatorio y optativo.

Como su nombre lo
indica estamos en presencia de un recurso administrativo optativo cuando queda
al criterio del particular el agotarlo y un obligatorio cuando es necesario que
sea agotado para poder acudir a juicio.

"Ha acontecido que el
particular, estando frente a un recurso optativo promueva los dos medios de
defensa, en nuestra legislación fiscal federal, el recurso de revocación y el
juicio de nulidad, renunciando en tiempo a uno de ellos y así evitar que los
dos le sean desechados.

RECURSO DE REVOCACIÓN.
CASO EN QUE NO PUEDE SER DESECHADO.-
En los términos del artículo 161 del Código
Fiscal anterior, el particular afectado por resoluciones definitivas que
determinen créditos fiscales, pueden elegir entre presentar recurso de
revocación o juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pero
en el supuesto de que el mismo presente simultáneamente ambos medios de
defensa, puede renunciar oportunamente a cualquiera de ellos, sin que la
consecuencia sea que se le desechen dos, ya que el espíritu del precepto de
dejar al afectado en estado de indefensión al ser privado de su derecho de ser
oído en juicio.

  Revisión núm. 975/84.

·        
En atención a nuestra legislación Federal.

            Los recursos existentes se clasifican en especiales y
generales. Los primeros se encuentran consignados en ordenamientos que
mantienen su autonomía frente al que se crea de un ordenamiento general.  El recurso de revocación previsto en la Ley
de Responsabilidades  de los servidores
públicos y en la Ley de Comercio Exterior."[6]

            La legislación y la doctrina han sido prolíficas en las
denominaciones asignadas a los recursos administrativos o medios de impugnación
del acto administrativo, comparando las clasificaciones de la doctrina y la
reguladas por la ley podemos hablar de dos grandes tipos o grupos de recursos:
"los que conoce o resuelve la autoridad autora de los actos impugnados y los
que conoce y resuelve una autoridad diversa, que puede ser jerárquicamente
superior a la que dictó el acto reclamado o un órgano administrativo especial.

            La idea generalmente aplicada es que el recurso promovido
ante la misma autoridad emisora del acto, es un recurso de reconsideración
independientemente del nombre con el que se le designe: de inconformidad, de
oposición, de revocación, etc., y el que se promueve ante una autoridad
diferente se identifica como recurso jerárquico o de alzada, aunque se le llame
de revisión, de revocación, etc. Lo importante, en todo caso, será determinar
cual autoridad lo tramitara y resolverá, si la que emitió el acto impugnado o
una diferente, toda ves que la práctica se ha encontrado que cuando se trata de
la misma autoridad, la tenencia es hacia la confirmación del acto."[7]

            Otra forma de clasificación es el que atiende a su
jerarquía, el autor Armenta lo define como: "Aquel que se promueve ante una
autoridad superior con el objeto de que modifique, revoque la decisión de una
autoridad inferior, y estima que los dos requisitos de procedibilidad más
importantes de este recurso son: que una ley lo prevea; y, que la autoridad
superior tenga competencia para conocer del recurso."[8]

            También el mismo autor citado anteriormente nos menciona
el recurso administrativo ante autoridades autárquicas. "La autoridad
autárquica es aquella entidad de la administración pública que cuenta con
personalidad y patrimonio propio. En el restricto campo de las entidades
autárquicas nos encontramos con dos tipos de controles: el primero que se
ejerce por los mismos órganos de control interno; y el otro es el que se
realiza por una entidad diversa."[9]

6.   
ELEMENTOS
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

 

Podemos clasificar
los elementos del recurso administrativo en esenciales y secundarios. Son
elementos esenciales aquellos que necesariamente deben darse para que se haga
valer un recurso administrativo. A diferencia de los elementos secundarios son
aquellos que su ausencia no vician para la validez del recurso administrativo.

6.1.       
ELEMENTOS
ESENCIALES.

a)    Que  recurso administrativo esté establecido en el
ordenamiento legal correspondiente.

b)    La
existencia de una resolución administrativa.

"La sola existencia
de una resolución administrativa, expedida en contra de un particular, no
implica que pueda impugnarse en un recurso administrativo, sino que ella debe
reunir ciertas características para que, dándose, sea una resolución impugnable
mediante el recurso administrativo. Las características que deben reunir dicha
resolución, son:

1.- Que sea
definitiva;

2.- Que sea personal
y concreta;

3.- Que cause
agravio;

4.- Que conste por
escrito, excepción hecha de la derivada de una negativa ficta; y

5.- Que sea nueva."[10]

6.2.       
ELEMENTOS
SECUNDARIOS.

a)    Término
dentro del cual ha de hacerse valer;

b)    Autoridad
ante quien debe hacerse valer;

c)    Periodo
de admisión de las pruebas;

d)    Plazo
en el cual ha de resolverse el recurso una vez desahogadas las pruebas;

e)    Momento
en que empieza a correr el término; y

f)     Libertad
para impugnar la nueva resolución ante los tribunales.

7.   
REQUISITOS
DE ADMISIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO.

 

Los requisitos de
admisión del recurso administrativo que se haga valer se clasifican en
esenciales y formales. Los requisitos esenciales para la admisión del recurso
deben estar consignados en el ordenamiento legal correspondiente y su
incumplimiento por parte del reclamante dará origen a que se tenga por no
presentada la inconformidad.

En cambio, los
requisitos formales son aquellos que aun cuando no se satisfagan por el
interesado no traen consigo el desechamiento de la inconformidad, pero si
pueden ocasionar que la resolución administrativa que recaiga sea desfavorable
a sus intereses por no haber estado la autoridad en condiciones de analizar
debidamente el problema.


DE
LOS REQUISITOS ESENCIALES

Son requisitos
esenciales para la admisión del recurso que la inconformidad conste por
escrito; que contenga el nombre, denominación o razón social; el domicilio
fiscal para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, pudiendo
señalarse un domicilio legal para recibir notificaciones; señalar la autoridad
a la que se dirige; el propósito de la promoción; la resolución o el cacto que
se impugna; los hechos o antecedentes del caso; los agravios que causa la
resolución o el acto impugnado; las pruebas idóneas para demostrar la
ilegalidad de la resolución o el acto que se impugna; que el escrito agotado el
recurso se presente dentro del plazo legal, y, por último, que se encuentre
firmado el escrito por el interesado o por su representante legal.

"Cuando no se
expongan los agravios, no se señale la resolución o el acto que se recurre, los
hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas que se ofrecen , la
autoridad fiscal requerirá al promoverte para que dentro del plazo de cinco
días hábiles, que empezaran a computarse a partir del día siguiente a aquél en
que surta efectos la notificación, cumpla con dichos requisitos. De no
satisfacerse en dicho plazo los agravios se desechara el recurso; si no se
señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el re curso; si no se
satisfacen los hechos controvertidos o las pruebas, se perderá el derecho a
señalar los citados hechos o se tendrán por no presentadas las pruebas.

Al examinar el
recurso administrativo que crea la Ley Federal de Procedimientos Administrativos,
se señalara los requisitos esenciales para la materia propiamente
administrativa.

Para la materia
tributaria los documentos que acrediten la personalidad, el acto impugnado, la
constancia de notificación y las pruebas documentales que se ofrezcan, pueden
presentarse en fotocopia simple y sólo en el caso de que la autoridad ponga en
tela de duda de que no existen o son falsos, podrá exigir la presentación de
los originales o de las copias autógrafas o copias certificadas de ellas.

Ya hemos visto que la
doctrina y nuestros tribunales están acordes en que el recurso administrativo
no se sujete a las mismas formalidades o tecnicismos propios del recurso que se
hacen valer ante un tribunal, sino que deben de darse al máximo de facilidades
para que los particulares puedan acudir en inconformidad ante la misma
administración. Que los requisitos mínimos que exijan deben permitirse que se
satisfagan sin un rigorismo extremo.

Así tenemos, que el
recurso administrativo debe hacerse valer por escrito, pero que el documento
que lo consigne puede redactarse a máquina o de puño y letra del inconforme.
Sobre este requisito el Código Fiscal, en sus artículos 121, 122 y 123, alude a
que el recurso administrativo se interpondrá por escrito, no indicando necesariamente
que debe estar redactada en determinado estilo.

Además el escrito
debe de presentarse en tiempo, pues su interposición fuera del término legal
dará origen a su desechamiento por extemporáneo.

Que contenga el
nombre y domicilio del inconforme es esencial por cuanto que la autoridad debe
conocer quien promueve: si el propio interesado o su representante legal y si
es este último, si está autorizado en el poder que debe acompañar. De omitirse
señalar el domicilio, la autoridad no tiene porqué subsanar ello tomando como
tal el que contiene el acto impugnado."[11]


DE
LOS REQUISITOS FORMALES

Son requisitos formales del recurso:

a)   
Que el escrito de inconformidad sea claro,
que no sea obscuro, que permita a la autoridad entender lo que manifiesta, y

b)   
Que el escrito consigne los elementos
siguientes:

I.             
Quien promueve.

II.           
Señalamiento de la autoridad responsable:
quién emitió la resolución que se impugna.

III.          
Que se impugna: la cita de la resolución que
se reclama.

IV.         
Exposición de los antecedentes que culminaron
con la emisión de la resolución: la relación de hechos.

V.          
Que se funde la pretensión: la cita del
derecho que apoya la inconformidad.

VI.         
Ofrecimiento de las pruebas que demuestren la
ilegalidad de la resolución, salvo que se trate de un punto de derecho.

"De
no exponerse correctamente estos elementos, puede dar ello origen a la
autoridad revisora confirme la resolución impugnada ante la imposibilidad de
juzgarla. Sin embargo, en estos casos, la autoridad está obligada a requerir al
inconforme para que aclare su escruto, con el apercibimiento legal
correspondiente, salvo en tratándose de los recursos que regula el Código
Fiscal de la Federación."[12]

8.   
SUSPENSIÓN
DEL ACTO IMPUGNADO.

 

El artículo 87 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo delimita lo concerniente a la
suspensión de la ejecución del acto impugnado, a partir de la interposición del
recurso, lo cual podrá ser posible, siempre y cuando:

I.             
Lo solicite expresamente el recurrente;

II.           
Sea procedente el recurso;

III.          
No se fija perjuicio al interés social o se
contravenga disposiciones de orden público:

IV.         
No se ocasionen daños o perjuicios a
terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de no obtener resolución
favorable; y

V.          
Tratándose de multas, el recurrente garantice
el crédito en  cualquiera de las formas
prevista en el Código Fiscal de la Federación.

La
autoridad deberá acordar en su caso, la suspensión o la denegación de la
suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo
defecto se entenderá otorgada la suspensión.

"El
acto administrativo recurrido en revisión será suspendido provisionalmente en
sus efectos ejecutorios que será definitivo si el acto recurrido se revoca), si
se cumplen los requisitos previamente contemplados.

Para
la suspensión de los actos administrativos que impliquen la ejecución del
resoluciones que establezcan créditos fiscales a cargo de los particulares, en
el cual existe la regla... solve et repete (garantice y luego impugne), en razón
de la cual, para que el acto de ejecución pueda suspenderse, será necesario
garantizar el crédito fiscal: lo cual ha dado lugar  a considerar que se trata de un privilegio de
los créditos a favor del Estado, se justifica en razón de los fines que
persigue, mismos que no pueden quedar suspendidos al interés de los particulares."[13]

 

9.   
DE
LAS NOTIFICACIONES.

 

El
artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no solo las
notificaciones, sino también los citatorios, emplazamientos, requerimientos,
solicitud de informes documentos y las resoluciones administrativas
definitivas; todas estas actuaciones, podrán realizarse de la siguiente manera:

I.             
Personalmente con quien deba entenderse la
diligencia, en el domicilio del interesado;

II.           
Mediante oficio entregado por mensajero o
correo certificado, con acuse de recibo, telefax o cualquier otro medio por el
que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los mismos; y

III.          
Por edictos cuando se desconozca el domicilio
del interesado o, en su caso, de que la persona a quien deba notificarse haya
desaparecido, se ignore su domicilio  o
se encuentre en el extranjero, sin haber dejado representante legal.

 

·        
Notificación personal.

El artículo 36° de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que las notificaciones
personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que
la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos
administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. Que en todo
caso el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar
copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la
notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien e
entienda la diligencia; si ésta se niega, se hará constar en el acta de
notificación, sin que ello afecte su validez.

"Las notificaciones
personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su
representante legal; a la falta de ambos, el notificador dejará citatorio con
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que, el interesado
espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien
haya de notificarse no tendiere el citatorio, la notificaron se entenderá con
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la
diligencia y, de negarse esta a recibirla o en su caso de encontrarse
cerrado  del domicilio, se realizara por
instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en
que conste la notificación, el notificador tomara razón por escrito.

Cuando las leyes
respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de
los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la asegunda
publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

Las reglas que
establece este articulo, son las que deben prevalecen en cualquiera de las
notificaciones o demás actuaciones que señala el artículo 35, para que las
mismas puedan estar de conformidad con la ley."[14]

Por
correo certificado, con acuse de recibo, telefax o cualquier otro medio.

Tratándose de actos
distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse
por correo ordinario, mensajería, telegrama o telefax.

"Hay que reconocer
que en este articulo, el legislador procuro ser vanguardista al establecer que
las notificaciones y las otras actuaciones que se señalan, se podrán realizar,
entre otras formas, por medio de telefax; aunque dejaron de observar o precisar
reglas que vengan a eficientar y validar jurídicamente esta nueva forma. Hoy,
la realidad es que como siempre, la legislación se queda a la zaga, pues día a
día, estamos siendo dotados de nuevos medios herramientas que nos permitan
otras formas de comunicación, los cuales tarde que temprano, estarán siendo
objeto y tarea de los legisladores, y nos referimos concretamente al mundo de
la cibernética.

·        
Notificación por edictos.

El artículo 37 (Ley
Federal de Procedimiento Administrativo) observa que las notificaciones por
edictos se realizaran haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las
resoluciones por notificar, Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres
días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los
periódicos diarios de mayor en el territorio nacional."[15]

Lucero Espinosa
atinadamente hace el comentario de que los edictos constituyen medios
extraordinarios de notificación, que carecen del grado de certidumbre que
caracteriza a las notificaciones personales, si hasta en estas muchas veces son
irregulares; pues ya sea por la ignorancia, pobreza u otras razones, la persona
buscada puede no haber tenido acceso a laos diarios en que se publicaran.

Así, a fin de que los
edictos puedan tener un grado de certeza, además de contener un resumen de las
resoluciones a notificar, se hace necesario que se especifique la existencia
del procedimiento, la autoridad que lo tramita, nombre de la persona buscada y,
en caso de que sea persona incierta o desconocida, la descripción fiel de la
cosa u objeto que se persigue con el procedimiento; si es mueble o inmueble y
los datos que la identifique, lugar de primera vista se llame la atención del
interesado.

10. DE LAS RESOLUCIONES.

 

La Ley Federal de
Procedimiento Administrativo en su artículo 17 nos dice que la autoridad debe
dictar resolución y notificarla dentro de un término que no debe exceder de 4
meses, sin embargo el Código Fiscal de la Federación, con forme a las reformas
que continúan vigentes en el año 1997 en su artículo 131 establece que el
término para resolver el recurso de revocación es de 3 meses. "El gobernado
podrá interponer recurso de nulidad correspondiente una vez trascurrido el
tiempo de ley por negativa ficta, o esperar la resolución expresa. No obstante
lo dispuesto en el artículo 131 del Código en el sentido de que si no es
resuelto el recurso en el término de 3 meses se entenderá que la autoridad ha
confirmado el acto recurrido, existe criterio del Tribunal Fiscal de la
federación que determina que la facultad de la autoridad para emitir la
resolución dentro de ese plazo es una facultad reglada y no discrecional, por
lo que si no se emite en este término, su consecuencia será que la resolución
emitida fuera de tiempo estará afectada de nulidad, siempre y cuando el
gobernado haya interpuesto los medios de defensa correspondientes, de donde se
deduce ser peligroso para la autoridad el no emitir la resolución respectiva
dentro del término legal, ya que de antemano sabe que, si ella es atacada por
el gobernado por los medios de defensa legales por ser lesiva a sus intereses,
su resolución será anulada."[16]

El primer párrafo del
CFF en su primer párrafo dice:

La resolución del
recurso se fundara en derecho y examinara todos y cada uno de los agravios
hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos
notorios; pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la
cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos
todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de
requisitos formales o vicios del procedimiento.

De esto podemos
destacar que el recurso se debe fundar en Derecho, esto significa que la
autoridad debe resolver lo que efectivamente le fue planteado basándose en las
disposiciones legales que fueron violadas y argumentadas jurídicamente por el
recurrente. Debe destacarse que al resolverse un recurso administrativo, la
autoridad fiscal está emitiendo una resolución administrativa que determina una
situación jurídica especifica, la cual al ser un acto administrativo, como
todos los demás que emite, debe, como requisitos esenciales, el estar
debidamente fundada y motivada    

La autoridad podrá
invocar hechos notorios, esto es ya sea de forma favorable o desfavorable,
podrá invocar hechos que tengan que ver con la cuestión planteada, aun cuando
no hayan sido planteadas ni hechas valer por el recurrente de acuerdo con el
criterio sustentado en la jurisprudencia No. 204 de la SCJN visible en la
página 650 del volumen correspondiente a la cuarta parte, tercera Sala, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975:

      Es notorio lo que es público y sabido de
todos o el hecho que cuyo conocimiento forme parte de la cultura normal, propia
de un determinado circulo social, en el tiempo en que ocurre la decisión. Los
hechos notorios, como podemos ver, pueden servir como motivación de dicho acto,
tanto para resolver en sentido favorable  o desfavorable al particular.

"En virtud de que los
recursos administrativos se rigen por el principio
objetivo de legalidad
, cuando la autoridad administrativa al resolverlos
advierta una ilegalidad manifiesta en el acto administrativo, deberá revocarlo,
aún cuando los agravios sean insuficientes. Para ello habrá fundamentar y
motivar cuidadosamente esta revocación. Este hecho obedece a que el recurso
administrativo parte del presupuesto de la relación de buena fe entre autoridad
administrativa y gobernado, que hace presumir la colaboración mutua.

A partir de este
presupuesto es que debe analizarse la legalidad objetiva de los actos
administrativos conforme son impugnados en los agravios esgrimidos por el
particular, razón por la cual, la autoridad administrativa no puede desestimar
el recurso interpuesto por falta de pruebas, por ejemplo, cuando el hecho en
cuestión consta de documentos que obran en archivos de la propia institución; o
bien, cuando surjan elementos que muestren la presencia de una ilegalidad
manifiesta en el acto administrativo recurrido o en su formación, o cuando el
análisis integral del recurso interpuesto surjan agravios que, si bien no son
expresamente planteados, si existen implícitos en el escrito del particular,
debiendo ser tomados en cuenta por la autoridad y valorados conforme a
derecho."[17]

En términos generales, la resolución que ponga fin al
recurso interpuesto por el particular puede tener alguno de los siguientes
sentidos

1.    Confirmar
el acto administrativo impugnado. "En este caso, de la actividad de auto revisión
que efectuó la autoridad sobre el acto que emitió en su facultad de imperio, se
concluye que el procedimiento administrativo previo estuvo ajustado a los
parámetros normativos y, por tanto, es acorde con el principio de legalidad, no
existiendo ilegalidad ni manifiesta ni no manifiesta, dado el estudio hecho al
respecto, por lo que la autoridad emite una nueva resolución en que se resuelve
confirmar el acto, dando las razones jurídicas para ello dentro de los
considerandos de la resolución que resuelve el recurso.

2.    Que
el recurso se deseche por improcedente, tenerlo por no interpuesto o
sobreseerlo en su caso. Aquí la actividad de auto revisión de la autoridad
administrativa concluye que el recurso propuesto es motivo de desechamiento, de
sobreseimiento o de tenerlo por no interpuesto, toda vez que el recurso no
cubre con alguno de los requisitos esenciales del mismo motivo por lo que no se
le da entrada sin ningún análisis sobre el fondo del asunto.

3.    Mandar
reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. La
autoridad al efectuar su actividad de auto revisión sobre el acto recurrido, ha
encontrado una violación de procedimiento que trascendió a la resolución, por
lo que ordena la reposición del procedimiento a partir de que se cometió la
violación procesal. En el artículo 133, fracción III, del Código Fiscal, a
partir del año 1998, además de contemplar la reposición del procedimiento, se
adicionó que la resolución podría mandar emitir una nueva resolución. Esta
hipótesis se refiere a cuando no se encontró una violación de procedimiento,
pero sí se encontró que el sentido de la resolución recurrida no correspondía a
las activaciones procesales administrativas, habiendo un desfasamiento entre
los actos administrativos procedimentales y el acto administrativo definitivo,
por lo que en tales circunstancias, lo que procede, más que reponer el
procedimiento, es mandar emitir una nueva resolución que si se apegue a las
actuaciones que constan dentro del procedimiento administrativo respectivo.

4.    Dejar
sin efectos (nulificar) el acto impugnado.
La actividad auto revisora de la autoridad sobre sus propios actos, ha
descubierto que el acto administrativo recurrido fue consecuencia de una
violación procesal consistente en que no exista adecuación entro los hechos
generadores del procedimiento y las normas administrativas, por lo que el hecho
no puede ser subsumido dentro de ninguna hipótesis legal que conlleve la imposición
de una restricción del derecho legalmente tutelado del gobernado. En tal caso,
la resolución combatida se nulifica sin que subsista ninguna facultad de la
autoridad para proseguir con la fiscalización o la comprobación del
cumplimiento de las normas administrativas por el particular.

5.    Modificar
el acto impugnado o dictar uno nuevo cuando el recurso interpuesto sea total o
parcialmente resuelto a favor del recurrente. En este caso la actividad de auto revisión de la autoridad ha
concluido que en efecto, existen determinados elementos de la resolución
recurrida susceptibles de nulidad, pero no todos, quedando subsistentes algunos
de ellos. En tal caso, según lo más conveniente en el caso, se ordenara
modificar la resolución recurrida en la parte correspondiente m o la emisión de
una nueva resolución que mantenga la anterior en lo no modificado por la autor
revisión, pero incorporando las modificaciones que si demostró el particular.

En
conclusión, el recurso administrativo representa una forma jurídica que permite
a la autoridad administrativa, en apego al principio de legalidad, la revisión
de sus propios actos, debiendo de concluir en una resolución que puede tener
alguno de los sentidos esbozados arriba."[18]

11. CONCEPTO  DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

11.1.    
RECURSO
DE REVISIÓN.

Para comenzar es necesario
saber lo que es un recurso, según el diccionario jurídico un recurso es acción
y efecto de recurrir. Medio  al que se
recurre, o puede recurrir para lograr algo. Impugnación de una resolución
judicial o administrativa.

A continuación mencionare la
definición que nos proporcional algunos autores respecto al recurso:

Para Agundez Fernández es:
"un proceso excepcional para impugnación de sentencias firmes por motivos
procesales y extrínsecos al juicio donde fue dictada y que determinara la recisión
de la sentencia recurrida."[19]

Para Ignacio Burgoa es: "uno
amplio como sinónimo del medio de defensa general, y otro restringido,
equivalente a cierto medio especifico de impugnación ... definiendo al recurso...
un medio jurídico de defensa que surge dentro de un procedimiento judicial o
administrativo para impugnar un acto del mismo y que tiene como finalidad
revocarlo, confirmando o modificando, mediante un nuevo análisis que genera la
prolongación de la instancia en la cual se interpone, conservando o manteniendo
de esta, en su subsistencia, los mismo elementos  teológicos motivadores".[20]

11.2.    
RECURSO
DE REVOCACIÓN

Antes que nada hay
que dejar claro que el recurso de revocación es un recurso aplicable a toda la
materia administrativa y dentro de esta encontramos en materia fiscal, en este
caso las definiciones que proporcionare a continuación son las que son
reguladas por el Código Fiscal de la Federación.

No existe una
definición doctrinal unánime de este medio de defensa fisca, sin embargo la
misma autoridad fiscal nos proporciona esta definición: "El recurso de
revocación es un medio de defensa legalmente establecido al alcance de los
particulares para impugnar los actos y resoluciones dictadas por la autoridad
en perjuicio de aquellos. Su interposición es alternativa antes de acudir al
TFJFA (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa). Este medio de
defensa permite a la autoridad revisar sus actos a instancia de la parte
interesada, cuando se considera lesionada por una resolución o acto
administrativo que estime ilegal, de tal manera que si resulta fundado su
agravio, la autoridad puede revocarlo o modificarlo con el objeto de mantener
la legalidad en el ejercicio de la función administrativa, concurriendo al mismo
tiempo a garantizar los derechos e intereses de los particulares."[21]

Este recurso es
procedente según el Código Fiscal de la Federación en su artículo 116 "es
procedente contra actos administrativos emitidos en materia fiscal federal con
excepción de los actos que tengan por objeto haber efectivas fianzas otorgadas
en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, conforme al artículo
126 del Código. Es procedente también contra la impugnación de las
notificaciones de los actos administrativos, sea por qué no fue notificado o lo
fue ilegalmente, pues según lo determina el artículo 129 del Código Fiscal, la
impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición del
recurso administrativo correspondiente contra la resolución administrativa,
además se hará valer conjuntamente los agravios que se formulen contra la
notificación, así como los que se cause el acto impugnado."[22]

11.3.    
RECURSO
DE INCONFORMIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El recurso de
inconformidad es el medio de defensa de los patrones, así como los asegurados y
sus beneficiarios para impugnar actos definitivos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, que afecten sus intereses.

El artículo 294, dice
"cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus
beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto,
acudirán en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento
ante los Consejos Consultivos Delegacionales, los que resolverán lo
procedente."[23]

CONCLUSIÓN

     Los medios de impugnación en materia
administrativa y fiscal tienen un fundamento y argumento lógicos que
aparentemente dan la oportunidad al afectado para solicitar a la autoridad que
le afectó una segunda revisión analizando los agravios que le haya causado en
la primera respuesta, sin embargo como crítica considero que al interponer el
recurso ante la misma autoridad que lo emitió tiende generalmente a no analizar
de fondo los agravios causados y dictar la resolución en el mismo sentido, por
lo cual crea una desventaja en el acceso a la justicia al afectado.      

      De igual forma se da con la negativa ficta
en materia fiscal, ya que el silencio de la autoridad asemeja una respuesta
negando la petición del afectado y ocasionando pérdida de tiempo por parte del
solicitante.

      Es cierto que una vez agotada la respuesta
de la autoridad administrativa y/o fiscal, habrá más medios de defensa a las
que podrán acceder, sin embargo habría que profundizar en cómo lograr que los
primeros medios de defensa fueran más funcionales para evitar más carga de
trabajo a las autoridades resolutorias superiores y logran una prontitud en el
acceso a la justicia.

REFERENCIAS

*LIBROS

-Emilio Margain Manantou, El Recurso Administrativo.

- Alberto C. Sánchez Pichardo,  Los Medios de Impugnación en Materia
Administrativa.

- Manuel Lucero Espinosa, Ley Federal de Procedimiento
Administrativo

- Humberto Delgadillo Gutiérrez  y Manuel Lucero Espinoza.

-Gonzalo Armenta
Hernández, Tratado Teórico Práctico de los recursos  Administrativos.

-Antonio Agundez Fernández, El Recurso de Revisión
Civil, Contencioso-Administrativo y Laboral.

-Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo.

LEYES

-Ley del seguro social

FOLLETOS

-Folleto Medios de defensa ante el Fisco elaborado y editado
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público






[1]
Emilio Margain Manantou, El Recurso Administrativo en México, Edit. Porrúa,
Sexta Edición, México, 2001, p.18



[2]
Alberto C. Sánchez Pichardo,  Los Medios
de Impugnación en Materia Administrativa, Editorial Porrúa, México, 2006,
p.126.



[3]
Idem. Pp.  127-128



[4]Manuel
Lucero Espinosa, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Comentada,
3ª.edicion. Ed. Porrúa, México, 1999. Pp.163-165



[5]
Emilio Margaín Manantou, Op. Cit. Pp. 36-45



[6]
Idem. P.45                  



[7]
Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez  y
Manuel Lucero Espinoza, Op. Cit Pp. 279-280



[8]
Gonzalo Armenta Hernández, Tratado Teórico Práctico de los recursos  Administrativos, 3ª edición, Ed. Porrúa,
México 1996.  P. 75



[9]
Idem. P.76



[10]
Idem. P.57                                                                                                   



[11] Emilio
Margain Manantou, Op. Cit. Pp. 71-74.



[12]
Idem. Pp. 76-77.



[13]
Alberto C. Sánchez Pichardo, Op. Cit. P. 170 .



[14]
Manuel Lucero Espinosa, Op. Cit.  P.114.



[15] Idem.



[16] Alberto C. Sánchez Pichardo, Op
Cit. Pp.162.163



[17] Idem. Pp. 165-166



[18]
Idem. Pp.166-168



[19]
Antonio Agundez Fernández, El Recurso de Revisión Civil,
Contencioso-Administrativo y Laboral, Editorial Comaves, Granda 1997, p. 4.



[20]
Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, Edición decimoquinta, Ed. Porrúa, México,
1980, p.573.



[21]
Folleto Medios de defensa ante el Fisco elaborado y editado por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público. México, 1996



[22]
Alberto C. Sánchez Pichardo, Op. Cit. Pp. 153 y 154

3]
Ley del Seguro Social, Editorial Sista, México 2007